En agosto, el destituido juez federal, Walter Bento denunció que dos imputados arrepentidos fueron “coaccionados” por el fiscal Dante Vega para declarar en su contra y construir así un caso basado “en mentiras y sin pruebas sólidas”.
Cabe aclarar, que el magistrado destituido afronta un juicio como acusado de ser líder una banda dedicada a cobrar coimas a cambio de beneficios procesales a imputados en distintas causas federales.
En el marco de esta denuncia, en una reciente declaración, el abogado Martín Ríos negó categóricamente las acusaciones de cohecho en el caso de contrabando agravado, asegurando que nunca existieron pagos ni acuerdos con el juez Walter Bento. Según Ríos, el empresario Javier Santos Ortega solicitó formalmente su representación tras ser trasladado a una unidad hospitalaria por razones de salud. “Nuestros honorarios fueron claros desde el inicio, y la defensa se estructuró íntegramente sobre principios éticos y legales”, afirmó, subrayando la transparencia de su labor.
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Ríos explicó que en junio de 2019, el equipo defensor asumió el caso cuando Ortega ya tenía solicitada la prisión domiciliaria por su defensor anterior, petición concedida con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF). “El cambio de abogados fue simplemente resultado del descontento del imputado con su defensa anterior, algo común en estos casos”, destacó. Durante el proceso, la defensa argumentó que Ortega había adquirido la mercadería en el país sin participar directamente en contrabando, logrando que el caso se recalificara a encubrimiento de contrabando y permitiendo su excarcelación bajo fianza. Ríos enfatizó que esta y otras resoluciones fueron confirmadas por la Cámara sin objeciones, asegurando que “nunca existió un soborno al juez; las resoluciones fueron absolutamente fundamentadas y respetaron el debido proceso”.
Un punto clave en el caso fue la retención de pagarés y vehículos de Ortega, bienes con un valor estimado de un millón de dólares, los cuales no fueron devueltos porque el juez exigió prueba de su origen lícito. “Si hubiera habido un acuerdo, estos bienes se habrían liberado sin problema. El juez actuó en función de sus responsabilidades”, explicó Ríos, dejando en claro que el accionar de la defensa fue acorde a la normativa y sin beneficios indebidos.
Además, Ríos describió la compleja relación entre Ortega y Aliaga, quien intentó influir en la estrategia de defensa. Ortega, incomodado por la intervención de Aliaga, señaló incluso que “le tenía miedo”. En palabras de Ríos: “ Jamás se pagó ninguna suma para influir en el proceso, y en cuanto a Aliaga, sus intervenciones no fueron solicitadas ni apoyadas por nuestro equipo”.
Finalizó defendiendo su reputación profesional: “Llevo años en esta profesión y jamás he sobornado a un juez. Estas acusaciones afectan tanto a mi familia como a mis clientes”, concluyó, reafirmando su compromiso con un ejercicio profesional ético y transparente.
En tanto, Matías Aramayo negó categóricamente haber pagado o escuchado sobre sobornos a funcionarios judiciales en el marco del caso que defiende, asegurando: "No, nunca". Al ser consultado sobre la posibilidad de un trato favorable o flexible por parte del tribunal hacia la defensa o el imputado, Aramayo enfatizó: “Nunca he recibido un trato preferencial; tengo relaciones cordiales y respetuosas con magistrados, pero nunca en términos de favoritismo, y menos aún con el doctor Bento, con quien nunca he tenido ese tipo de trato”.
Durante una audiencia celebrada en agosto pasado en los Tribunales Federales de Mendoza, el abogado Pablo Cazabán, representante de los imputados arrepentidos Martín Ríos y Matías Aramayo, denunció presiones indebidas ejercidas por la fiscalía para que sus defendidos se acogieran a la figura del arrepentido y declararan en favor de la hipótesis fiscal.
Cazabán ha manifestado que estas presiones no se limitaron únicamente a sus clientes, sino que también afectaron a otros testigos y a las familias de Ríos y Aramayo. Según el abogado, la coacción incluía amenazas de detención indefinida si no proporcionaban la información solicitada por la fiscalía. Estas prácticas, según Cazabán, comprometen la validez de los testimonios presentados, ya que fueron obtenidos bajo coacción, y ha solicitado que se declaren nulos.