El gobierno nacional accedió a la solicitud de la provincia de Mendoza y, tras una demanda legal, devolvió $2.000 millones por los descuentos superiores aplicados en el servicio de transporte SUBE. Este reclamo se originó por la implementación de un porcentaje de descuento superior al establecido en el convenio firmado en 2019, bajo la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa.
En febrero de 2024, el gobernador Alfredo Cornejo instruyó a la Fiscalía de Estado y a la Asesoría de Estado a iniciar una acción judicial luego de que la Nación comenzará a descontar de las liquidaciones diarias efectuadas a las empresas de transporte de pasajeros, en concepto de retribución por la prestación del servicio. Según el Gobierno de Mendoza, el 7% más IVA que se comenzó a cobrar desde enero de 2024 excedía el acuerdo original que fijaba un 4,5% como porcentaje de retribución por la prestación del servicio.
A través del Decreto 329/2024, el Ejecutivo mendocino detalló que el 2 de enero de 2024 la empresa Nación Servicios S.A., encargada de gestionar el cobro de pasajes, comenzó a aplicar un cobro superior al pactado, lo que causó un perjuicio económico significativo para la provincia. Este ajuste unilateral, decidido por Massa antes de finalizar su mandato, implicó que Mendoza sufriera un detrimento de aproximadamente $45.000.000 mensuales.
Tras presentar una demanda ante el Fuero Contencioso Administrativo de Buenos Aires, la provincia consiguió la restitución de los fondos cobrados indebidamente durante el período de enero a octubre de 2024. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, confirmó la resolución favorable para Mendoza, destacando que la devolución se concretó a finales de octubre.
El funcionario precisó que, además de la devolución de los $2.000 millones, se acordó con la Secretaría de Transporte que se deje de descontar incluso el 4% estipulado originalmente. Los pagos serán devueltos con un ajuste mensual a partir de ahora. Mema subrayó que, con esta medida, el actual gobierno nacional subsanó un error financiero que dejó la gestión anterior.
Este acuerdo marca el cierre de una disputa legal que beneficiará económicamente a Mendoza y pone fin a una medida que había generado un importante impacto en las finanzas provinciales.