En un giro alarmante de los acontecimientos, la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza ha inhabilitado a un docente suplente de las escuelas Tomás Alva Edison y Fray Benito Lamas, ubicadas en Guaymallén, quien había sido condenado por abuso sexual de alumnas en 2017 y recientemente detenido por nuevas denuncias. Daniela García, jefa de Gabinete de la DGE, anunció la decisión en una conferencia de prensa, donde enfatizó la urgencia de implementar reformas administrativas para prevenir que individuos con antecedentes de delitos graves, especialmente de índole sexual, puedan regresar al ámbito escolar.
El docente había recibido una sentencia de tres años de prisión en suspenso en 2017, tras declararse culpable en un juicio abreviado. A pesar de su condena, continuó trabajando en el sistema educativo hasta que nuevas acusaciones llevaron a su arresto esta semana. La fiscal de Delitos Sexuales, Virginia Rumbo, está actualmente revisando el contexto de los casos anteriores, así como las nuevas denuncias presentadas por alumnas de las mencionadas escuelas.
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García también anunció que la DGE se encuentra en proceso de elaboración de un registro de docentes inhabilitados, que incluirá a aquellos que hayan sido condenados por diversos delitos, desde maltratos hasta abusos. “Este caso nos obliga a reforzar nuestras políticas de protección y a garantizar un entorno seguro para nuestros estudiantes. Nadie con antecedentes de delitos de este tipo debería estar en contacto con niños y jóvenes”, afirmó la funcionaria.
La situación ha suscitado un fuerte debate en la comunidad educativa sobre la responsabilidad de las instituciones y la necesidad de un sistema de monitoreo más riguroso para prevenir futuros incidentes y proteger a los alumnos de posibles abusos por parte de personal docente. Las reformas propuestas podrían sentar un precedente importante en la lucha contra la violencia en el ámbito escolar en Mendoza.