“Cuando no hay respuestas cada uno saca conclusiones más o menos pesimistas”, admitió un alto directivo de una de las prepagas.
Las empresas de medicina privada confían en poder reunirse con el Gobierno tras el intento fallido de aumentar las cuotas autorizado primero por el Ministerio de Salud, y luego rechazado por el presidente Alberto Fernández.
En un clima de confusión en el sector, y en medio del aumento de contagios de Covid-19, la impresión de los principales jugadores del mercado de seguros de salud es que se viene un escenario complicado en materia de regulaciones.
“Cuando no hay respuestas cada uno saca conclusiones más o menos pesimistas”, admitió un alto directivo de una de las principales prepagas del país, en diálogo con NA.
En las firmas hay desconcierto frente a la posición oficial, luego de que el Presidente anuló de un plumazo el incremento del 7%, a menos de 24 horas de ser oficializado por el ministro de Salud, Ginés González García.
También hacen notar su preocupación porque el jefe de la cartera sanitaria fue desautorizado en un momento clave para el sistema de salud.
Entre algunos de los principales jugadores del mercado de la salud, la preocupación llega a niveles extremos.
Advierten que hay sectores del Instituto Patria -usina de políticas estatistas de la vicepresidenta Cristina Kirchner- que verían con buenos ojos, en medio de la emergencia sanitaria, fusionar la medicina privada con la pública, bajo la tutela del Estado.
En una de las principales prepagas del país, cuyo dueño mantiene un alto perfil, recordaron que si la inflación fue de casi 40% en el año -en el sector salud habría sido aún superior por el alza de insumos- haber autorizado un ajuste del 10% en diciembre las deja muy descolocadas financieramente.
En la cartera de Salud hacen otras cuentas, y recuerdan que el sistema de salud fue beneficiado con rebajas impositivas durante la pandemia y recibió ayuda a través del programa ATP para pagar salarios, entre otros beneficios.
Pero la mayor sorpresa en el sector de las prepagas es que, según aseguran, el ministro de salud participó personalmente en la decisión del aumento de aranceles previsto para febrero, que fue dejado sin efecto de un plumazo.
Incluso, aseguran que desde Presidencia avalaron el accionar del ministro de Salud.
Si eso fue así, concluyen, el giro de 180 grados que dio Alberto Fernández respondería a intervenciones de otros sectores de la coalición oficialista.
Lo otro que llama la atención sobre la estrategia del Gobierno es que el sistema de salud privada atiende al 70% de la población.
Los más duro entre los sectores de la medicina prepaga creen ver lanzado un plan para desfinanciar al sistema privado para poder estatizarlo.
Y hacen notar un dato contradictorio que quedó plasmado en el Boletín Oficial: cuando se publicó el aumento del 7% el 31 de diciembre, uno de los argumentos fue que la pandemia “amenazaba la cadena de pagos del sistema de salud, en momentos en los que este sector resulta clave para minimizar los impactos de la crisis sanitaria”.
Horas después, el presidente Alberto Fernández dinamitó ese argumento, y ordenó dar marcha atrás con la medida.