El kirchnerismo le negó el acuerdo a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, magistrados involucrados en el trámite de causas por corrupción contra la vicepresidenta.
En una decisión sin precedente y polémica, la mayoría oficialista del Senado aprobó la remoción de los tribunales que ocupan en la actualidad de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Justamente estos jueces llevan adelante algunas de las causas por corrupción de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Con la oposición ausente, el rechazo de los pliegos que ratificaban los traslados de los magistrados fue aprobado por unanimidad de 41 votos. Al momento de la votación la vicepresidenta no se encontraba al frente de la sesión.
Además del Frente de Todos, apoyaron la moción los provinciales Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador-Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
El trámite legislativo impulsado por el kirchnerismo se encuentra objetado ante la Corte Suprema por Bruglia y Bertuzzi, miembros de la Cámara Federal porteña, quienes acudieron por la vía del per saltum con un recurso de amparo para evitar que el Senado avanzara con el rechazo de sus traslados, realizados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.
Castelli, por su parte, anunció resistirá la medida “con la Constitución en la mano” y mostró su confianza en que la Corte Suprema terminará dejando sin efecto la decisión adoptada por la mayoría oficialista de la Cámara alta y podrá permanecer en el tribunal oral en el que se decidirá la causa de los cuadernos de las coimas. “Lo que dijo este juez gravísimo, desconoce las atribuciones constitucionales del Congreso”, le contestó el jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa).
La decisión del Frente de Todos también mereció el rechazo de la oposición, que abandonó la sesión remota de la Cámara alta con fuertes críticas a Cristina Kirchner, acusándola de utilizar el Senado, que preside en su condición de vicepresidenta de la Nación, con el objetivo de escapar a la acción de la Justicia.
Quien defendió la decisión fue la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (senadora nacional por Mendoza), que justificó la polémica remoción de jueces asegurando que sus traslados a los tribunales que ocupan actualmente se hizo a contramano del requisito constitucional, que establece que el nombramiento de los magistrados deben obtener acuerdo del Senado.