A pesar del rechzo que generó la propuesta del oficialismo de obligar a los jueces a pagar Ganancias, el presupuesto 2023 avanza con la medida y crea un fondo especifico con lo recaudado, que destina el 70% a becas educativas y al incentivo docente y el 30 restante a un programa "para combatir la inseguridad en Rosario".
Así lo establece el dictamen conocido este viernes, que incorpora las modificaciones definidas en la comisión de presupuesto y otras que sorprendiron a la oposición.
Por caso, no se incluyó el aporte del 15% de los planes especiales de salud para el Fondo Solidario de distribución, pero sí se borra el artículo que los eximía de pagarlo. Quedará para más adelante la negociación y en la oposición creen que podría haber un intento de volver a modificar el proyecto en el recinto.
El artículo 100 es el que obliga a pagar Ganancias a los "Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación". El 101 extiende la obligación a los jubilados del Poder Judicial, sin excepciones.
De esta forma, si este artículo prospera los magistrados y empleados nombrados antes de 2017 deberían pagar Ganancias. El resto ya lo paga a partir de una ley sancionada ese año.
El artículo 102 es la novedad de última hora porque Heller no lo dio a conocer entre las modificaciones que anunció en la comisión. Se dispone una "asignación específica" de lo recaudado por gravar a los jueces con Ganancias, que será un 70% para el programa de respaldo a estudiantes argentinos (Progresar) y el Fondo Nacional de incentivo docente, según informó LPO.
Y un 30% para "financiamiento de equipamiento para las fuerzas de seguridad y la creación de un programa específico para combatir la inseguridad en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe".
El Progresar es el sistema de becas educativas para personas de entre 16 y 24 años. En el proyecto tenía un ajuste del 23.6%, sectores del oficialismo pidieron aumentar para votar el presupuesto y lo consiguieron en el dictamen de comisión.
También había un ajuste en el incentivo docente, una partida destinada a los salarios de los maestros de las provincias, que se sumó a los refuerzos anunciados por Heller.
No se sabía que se financiaría con aportes de la justicia, que según el cálculo que hizo el diputado Marcelo Casaretto aportarían 237 mil millones de pesos si todos los que circulan por Tribunales pagan Ganancias.
Los gastos educativos insumirían 165.900 millones y 71.100 serían para el programa des seguridad en Rosario, del que no se sabe nada aún. En caso de no aprobar este impuesto, la oposición se encontraría ante la incómoda situación de explicar cómo financiar esos gastos.
De todas formas, Juntos por el Cambio ya sentó posición en contra de las asignaciones específicas de impuestos a fines de este año en la reforma tributaria de 2017, cuando las extendió sólo hasta fines de este año.