Se rescataron 69 víctimas en todo el país.
Una serie de 23 allanamientos, entre ellos dos realizados en nuestra ciudad, permitieron desbaratar una organización que, según informaron fuentes oficiales, bajo la pantalla de una comunidad religiosa denominada “Filadelfia”, se dedicaba a la trata de personas, lavado de dinero, delitos contra la integridad sexual de menores y adultos, contra la identidad y contra la vida.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación indicaron que las requisas se llevaron adelante en las provincias de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos.
Las tareas, realizadas por 250 efectivos de Policía Federal y Gendamería Argentina, determinaron la detención de siete personas y el rescate de 69 víctimas.
En Mendoza, fuentes allegadas a la pesquisa comunicaron que hubo 6 personas demoradas por las autoridades, para deslindar responsabilidades pero también para averiguar si eran víctimas de trata. Se trata de un hombre y dos mujeres mayores de edad, dos menores masculinos y una menor femenina.
La investigación
Desde la cartera de seguridad nacional informaron que con la intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del doctor Juan Pablo Barral, continuaron la investigación puesta en marcha en 2019, a partir de reiteradas denuncias que realizaron las víctimas y detectaron que aquella organización criminal, además de los delitos ya mencionados, también era responsable de otros graves crímenes.
“El grupo, oculto bajo una presunta vocación religiosa, comenzó sus actividades en el país entre 1972 y 1973 y estaba liderado por ´la Tía Eva´ y dos cómplices a quienes se las acusa, hasta ahora, de dos abusos sexuales contra, por lo menos, un menor. Dado su forma de actuar y el modus operandi, este tipo de hechos se fueron reiterando a lo largo de los años”, indicaron en un parte de prensa.
Mencionaron que “con un templo principal emplazado en el Gran Buenos Aires y anexos en varias provincias y, según se presume e investiga en Brasil y Paraguay, captaban personas en distintas partes del país. Centralmente, esas captaciones eran realizadas sobre niñas y niños en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Bajo una persuasión coercitiva les hacían creer que la líder de la organización era una persona con un poder supraterrenal. Una vez cooptados, eran obligadas y obligados a vivir en condiciones deplorables, carentes de higiene y con una alimentación degradante. No se podían comunicar con sus familias, no se les permitía ir a la escuela y quedaban, además, sin su documentación personal. También eran obligados a trabajar en una panificadora que poseía la organización”.
“El trabajo profesional, pormenorizado y sigiloso que realizaron las fuerzas, no despertó las sospechas de nadie, por lo que se consiguió ingresar a los lugares y desbaratar la organización”, dijo en conferencia de prensa la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic.
“Esta es nuestra gestión: reforzar la investigación y el análisis criminal e ir hacia el desbaratamiento de grandes organizaciones para no dejar que este tipo de delitos se sigan cometiendo en Argentina”, agregó la funcionaria.