Si bien aún no hay precisiones sobre cual será la operatoria de selección ni de inyección de los fondos, esta suma sería un incremento del 25% del plan de inversión de YPF.
La ley establece que los recursos para el desarrollo del gas se canalizarán a través de la estatal IEASA (ex Enarsa), la cual viabilizará esos proyectos proponiendo y acordando con YPF, en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución.
IEASA luego deberá reinvertir las utilidades provenientes de los proyectos, “en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a 10 años a contar desde el inicio de la vigencia del presente régimen”.
Qué proyectos se financiarán
En artículo 7 de la ley 27.605 aclara que los proyectos de desarrollo de gas deberán ser aprobados por la secretaría de Energía de la Nación.
El gobierno también debe precisar cuál será el mecanismo administrativo para que IEASA pueda inyectar los fondos recaudados en desarrollos de YPF. Son montos importantes: YPF anunció una inversión en upstream para 2021 de US$ 2100 millones, de los cuales 1300 millones irían al no convencional y 800 millones al convencional. IEASA podría aumentar esos desembolsos en un 25% si la empresa estatal inyecta este año en la petrolera el dinero ya recaudado por el Aporte de las Grandes Fortunas.
Por ahora son unos 550.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, pero esa cifra podría crecer porque en el organismo fiscal estiman que unos 3000 contribuyentes todavía no cumplieron con el pago del aporte, aproximadamente un 20% del universo total estimado.
De esos 3000 contribuyentes, unos 200 presentaron una demanda en la Justicia para no pagar el aporte y habrá que esperar la resolución de esas demandas, mientras que los 2800 restantes simplemente decidieron no pagar, tal vez porque tienen la expectativa de que no serán alcanzados por el radar del organismo recaudador.
En respuesta a esos ciudadanos, la AFIP informó que “ya inició un número relevante de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”. “Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, agregaron.
En el debate que se llevó adelante en el Congreso a fines del año pasado el gobierno informó que preveía recaudar 307.000 millones de pesos. Hasta ahora embolsaron el 73 por ciento del monto proyectado. Si efectivamente lograran llegar a los 307.000 millones, el monto destinado a proyectos de gas treparía a 76.750 millones, unos 767 millones de dólares.