Convocado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia, el Primer Simposio ANLA –de carácter virtual– tuvo por objetivo enriquecer la construcción colectiva de la sostenibilidad ambiental en el marco de la gestión de licencias, permisos y trámites ambientales en toda América Latina.
Participaron en este importante encuentro virtual destacados referentes, especialistas y autoridades de entidades de toda Latinoamérica. La Secretaría de Ambiente de la Provincia fue invitada a exponer la gestión pública de Mendoza en el panel “Experiencias internacionales de la gestión pública para la participación ciudadana ambiental y la transformación positiva de conflictos”.
En sus palabras de apertura institucional, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, explicó: “Mendoza, en el plano nacional, desde 1993 viene siendo señera en materia de evaluaciones de impacto ambiental, tanto en instrumentos legislativos como en la transparencia de los procedimientos administrativos y en la apertura de canales de participación ciudadana”. Y añadió que “en marzo del año pasado –en plenas restricciones de actividades y encuentro sociales por la pandemia– fuimos la primera provincia de Argentina en realizar una Audiencia Pública Virtual para un proyecto históricamente esperado como la construcción del dique Portezuelo del Viento. Se logró un incremento del 150 % de inscriptos y visualizaciones posaudiencia”.
La disertación técnica estuvo a cargo de la coordinadora Unidad de Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente de Mendoza, la arquitecta María Soledad Barros. El objetivo del panel en el que participó fue dar a conocer el enfoque del organismo ambiental que coordina y sus experiencias en torno al fortalecimiento de capacidades para la participación ambiental de grupos de interés, la participación ambiental incidente. También explicó cómo se busca fortalecer la prevención y la transformación de conflictos ambientales.
“Mendoza tiene muchas experiencias concretas plasmando, por ejemplo, lo establecido en el Acuerdo de Escazú en lo referente al acceso a la información pública, la participación ciudadana y acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Si bien en Mendoza contamos con una legislación acorde a estos temas, consideramos que es susceptible de revisión para atender casos conflictivos específicos”, refirió la expositora representante de Mendoza.
Como parte de las estrategias de la Secretaría de Ambiente de Mendoza para fortalecer capacidades de sus grupos de interés para la participación ciudadana ambiental, la disertante explicó cómo en proyectos de gran interés público en los que estaban involucrados pueblos originarios se dio cumplimiento a la Consulta Indígena, como lo establecen el Convenio OIT 169 art. 75, el inciso 17 de la Constitución Nacional de Argentina y la Ley 24071, entre otras.
Posteriormente, también se refirió a cómo Mendoza viene participando activamente a través del Consejo Federal de Medio Ambiente para impulsar un proyecto de ley de presupuestos mínimos en evaluación de impacto ambiental que establezca la participación pública temprana.