La Unión Comercial e Industrial de Mendoza, UCIM, manifiestó su desacuerdo ante la decisión comunicada en el Boletín Oficial, a través de la cual el Gobierno nacional otorgó la posesión de 21.500 hectáreas a dos supuestas comunidades de antiguos mapuches.
"Una vez más, una decisión inconsulta, tomada desde los escritorios de la Capital, avanza sobre la autonomía de nuestra provincia", se quejó directamente el titular de la institución empresaria mendocina, Daniel Ariosto.
Para el referente del sector, "esto significa un nuevo atropello al Derecho de Propiedad y a los intereses de nuestra provincia y es necesario poner límite al avasallamiento de esos derechos".
Es por eso que UCIM, consideró necesaria la actitud que ha tomado el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, de rechazo a lo dispuesto, para garantizar la propiedad privada, que es el derecho que, según la Constitución Nacional, tiene toda persona: usar, gozar y disponer de sus bienes.
"La Unión Comercial e Industrial de Mendoza, UCIM, manifestó su acompañamiento al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, en sus reclamos y disconformidad", afirmó Ariosto, actor del sector turismo local.
Ante el concepto de que "el Estado Nacional, en el marco de sus Políticas Públicas Indígenas, cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional", coincidimos completamente con lo expuesto por Rodolfo Suarez: “hay un problema entre privados, porque esas tierras han estado en litigio en Mendoza. Hay sentencias de la cámara y sentencias de la Corte en las que se ha ordenado el desalojo y algunos pícaros buscan esa ley, que es buena en cuanto al reconocimiento de los pueblos originarios pero no es para hacer avivadas. Son tierras valiosas que tienen que ver con el futuro de Mendoza, así que nosotros vamos a intervenir”.
Para el empresario, "está claro que una de esas partes, al menos, está floja de papeles, no cumple con los requisitos que establece el decreto emitido y no corresponde al Ejecutivo nacional intervenir en asuntos en los que la Justicia ya intervino".
"Mendoza debe seguir respetando la institucionalidad, el sistema Republicano y Federal y el Gobierno nacional tiene que hacer lo propio con nuestra provincia. No podemos soportar más avances contra Mendoza que tienen claras intencionalidades políticas", aseguró.
Y cerró: "Como empresarios, pero sobre todo como mendocinos, debemos defender nuestros derechos, exigirlos, hacerlos efectivos y no permitir que el gobierno de turno, sea del signo político que sea, avasalle nuestros recursos, entre los que se cuenta la tierra, ni los derechos de las personas que en ella habitamos".