Actualmente, las empresas del sector deben destinar alrededor de $4.000 por trabajador a las cámaras que las representan, como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), lo que se traduce en unos $4.000 millones mensuales. Estas instituciones utilizan los fondos para actividades como capacitaciones y financiamiento de sus sedes en todo el país. Sin embargo, según datos del propio sector, lo recaudado sería menor, rondando los $2.500 millones, debido a que muchas empresas no cumplen con el pago.
El gobierno busca hacer que este aporte se vuelva voluntario, lo que implicaría que las cámaras pasen a financiarse únicamente con las contribuciones de sus socios, dejando de lado la obligación de toda empresa de contribuir, sea socia o no. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) fue una de las voces más críticas de esta contribución, emitiendo un comunicado donde pedía la eliminación de lo que llamaron “la motosierra de contribuciones obligatorias inexplicables”, en referencia al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), al cual están destinados estos pagos.
Te puede interesar
El Inacap, foco de críticas por su falta de impacto
El Inacap, creado en 2008 y financiado por una contribución patronal obligatoria, ha sido objeto de controversia en los últimos años. De acuerdo con el Convenio Colectivo Mercantil 130/75, los empleadores deben aportar un 0,5% del salario de cada trabajador registrado en el sector comercial. Con salarios que superan los $792.000, el aporte mensual al instituto rondó los $3.961 por trabajador en agosto de este año, con un aumento a $4.278 en septiembre.
Cadam cuestionó la utilidad de estos fondos, alegando que los trabajadores no reciben capacitación mensual, mientras que los empleadores deben seguir pagando desde 2008 sin una rendición de cuentas clara. Según cálculos de la entidad, se estarían recaudando más de $60.000 millones anuales sin un beneficio tangible para el sector.
Negociaciones con las cámaras y posibles escenarios
Fuentes cercanas al ministro Sturzenegger aseguraron que el gobierno está en plenas negociaciones con las cámaras empresariales para encontrar una solución que no desfinancie completamente a entidades como la CAC y la CAME, que dependen de estos fondos para su funcionamiento. Se barajan alternativas como una reducción gradual del aporte o su eliminación progresiva, aunque las cámaras insisten en que cualquier recorte debe ir acompañado de una medida similar para el gremio.
“La idea es evitar desfinanciar las entidades de un día para otro”, explican desde el entorno del ministro. El desafío radica en que el convenio colectivo del sector mercantil se renovó recientemente, lo que complica los tiempos. Se plantean dos caminos: esperar a la próxima renovación anual o modificar el convenio mediante una adenda por presión política.
Otras contribuciones bajo la lupa
El caso del Inacap no es el único en la lista de Cadam. La entidad también criticó el aporte obligatorio que deben hacer las bodegas a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), equivalente a $0,58 por litro de vino o mosto producido. Aunque este aporte fue defendido por la Coviar, desde el sector mayorista aseguran que es excesivo y propusieron su eliminación.
Te puede interesar
Además, mencionaron la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), que exige un aporte del 1% de la masa salarial de todas las empresas del sector, algo que ya ha sido cuestionado en la Justicia. Varios fallos han fallado a favor de las empresas que se negaron a pagar, pero Adimra sigue reclamando el pago a través de intimaciones.
Sturzenegger y su equipo tienen por delante la tarea de articular un cambio que afectaría a miles de empresas y cámaras, en un intento por reducir lo que consideran cargas excesivas en un contexto de necesaria desregulación económica.