«El bono llamado IFE 5, Ingreso Familiar de Emergencia, que en estos momentos está entregando el gobierno nacional, representa un acto objetivamente discriminatorio hacia las personas mayores de la República Argentina«, reflexionó Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, en una entrevista divulgada por la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza.
Amparado en la forma en la que se anuncia, «en los requisitos necesarios para recibir el bono, el mismo es válido solamente para personas que tienen entre 18 y 64 años. El corte excluye a personas mayores de 65, es decir, a quienes generalmente se considera como Personas Mayores, sin dar ningún tipo de explicación ni justificación al respecto», refirió.
«El colmo de la falta de consideración y respeto se alcanza cuando las autoridades anuncian que dicho bono está destinado a adultos sin ingresos, tal cómo dice el tuit del ministro de economía que anunció la medida, o incluso para adultos mayores sin ingresos tal como afirmó el mismo ministro en declaraciones para radio Rivadavia sobre el tema», destacó.
Ante las declaraciones del funcionario que el lunes visitó Mendoza, para Semino valió la pena preguntar «si los adultos o los adultos mayores son los que tienen menos de 65 años».
«¿Cómo considera el gobierno nacional que corresponde llamar a quienes sobrepasan ese límite etario? ¿Serían adultos menores? ¿O habrán dejado de ser adultos por completo?», consultó.
Y agregó: «Anunciar una ayuda económica para adultos mayores de la cual están excluidos justamente los adultos mayores es un gesto que pone en evidencia el concepto que las autoridades tienen del sector».
Teniendo en cuenta que se considera edadismo a todo tipo de discriminación por edad, «entonces es muy difícil imaginar una medida de gobierno que sea más edadista que el IFE 5», afirmó.
«Para dejar en claro este punto recordemos que la Organización Mundial de la Salud, OMS, presentó el año pasado un informe en el que se concluye que el edadismo puede adoptar muchas formas, como prejuicios, discriminación y políticas y prácticas institucionales que perpetúan creencias estereotipadas. En el resumen, de dicho informe se explica que el edadismo conduce a una salud más pobre, al aislamiento social, a muertes tempranas y cuesta a las economías miles de millones de dólares. Y constituye además una de las tres formas de discriminación más expandidas junto con el sexismo y el racismo», resaltó.
La exclusión de personas mayores de 64 años en el IFE 5, según Semino, «responde perfectamente a la definición que los organismos internacionales tienen de edadismo. Más si se tiene en cuenta lo establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, promovida por el propio Estado argentino en 2015, la cual no solamente condena la discriminación por edad sino que establece que los estados adherentes “desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad”.
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«Por todo lo expuesto la medida no amerita solamente una crítica pública sino que también puede habilitar una presentación ante la Comisión Interamericana sobre derechos derechos humanos», dijo.
Para el también presidenre de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG): «Cuanto más grande es el grado de improvisación con el que se toman las medidas de gobierno más grande es el riesgo de perpetuar y convalidar los prejuicios que se deberían combatir. Si las autoridades realmente quieren ayudar a la comunidad lo primero que tienen que hacer es abandonar la política de los malabares de urgencia y el revoleo de anuncios».
«La sociedad necesita líderes que piensen sus decisiones de manera estructural. Y que tengan el mínimo decoro de asesorarse de la manera correspondiente antes de realizar un anuncio», apuntó.