El Gobierno ha decidido involucrarse activamente en los asuntos internos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ponerle freno a la reelección de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, programada para este jueves. La Inspección General de Justicia (IGJ) tomó la determinación de anular las elecciones y prohibir cualquier modificación al Estatuto de la entidad durante la Asamblea General Ordinaria, que estaba prevista para el 17 de octubre.
Te puede interesar
Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, que responde al Ministerio de Justicia, falló a favor de la impugnación presentada por Talleres de Córdoba. Este club se opuso a que la AFA adelantara los comicios un año antes de lo estipulado por el Estatuto, como pretendía Tapia para extender su mandato hasta 2028.
En su resolución, Vítolo argumentó que “no existe fundamento que libere a las autoridades de la AFA de cumplir con el Estatuto y el reglamento electoral, evitando así que se adelanten las elecciones y se cercene el tiempo de mandato vigente, lo que además impediría la formación de listas alternativas con suficiente antelación”.
Ante la impugnación de Talleres, la AFA había intentado jugar sus cartas en la Justicia. El tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, presentó un recurso de amparo en un juzgado civil de la Ciudad, pero este fue rechazado. En respuesta, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lanzó una crítica contundente: “La AFA está desesperada porque saben que lo que están haciendo no está permitido”.
Los movimientos políticos no pasaron desapercibidos para nadie. En la AFA ya sospechaban que la decisión de la IGJ no les sería favorable, sobre todo después de que se hiciera pública una reunión en la Casa Rosada entre Javier Milei y Andrés Fassi, presidente de Talleres, el club que solicitó la suspensión de la Asamblea.
El mandato actual de Tapia y su comité ejecutivo, aprobado por la Asamblea General Ordinaria de la AFA, se extiende hasta octubre de 2025. Sin embargo, Tapia intentó adelantar las elecciones un año, argumentando que en la Asamblea de 2020, realizada en plena pandemia, se cometió un “error involuntario” al extender su mandato más allá de lo que estipulaba el Estatuto, y que esa situación debía corregirse.
Pero detrás de todo esto hay tensiones políticas. El gobierno de Javier Milei busca permitir el ingreso de capitales privados en los clubes de fútbol, mientras que Tapia, fortalecido por los éxitos recientes de la selección mayor, se opone a la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
Con la decisión de la IGJ, no solo queda suspendida la elección, sino también la reforma del torneo de la Liga Profesional, que contemplaba la ampliación a 30 equipos y la eliminación de los descensos esta temporada. Además, la AFA tampoco podrá concretar su traslado a Ezeiza, donde pretendía mudar su sede al predio que hoy lleva el nombre de Lionel Messi. Esta maniobra le permitiría cambiar de jurisdicción, pasando de la IGJ a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires, bajo el control de Axel Kicillof, aliado de Tapia.
Por ahora, la AFA solo podrá convocar la Asamblea para aprobar la memoria y el balance del último ejercicio. Mientras tanto, la sede oficial seguirá siendo el petit hotel de la calle Viamonte, en pleno centro porteño, aunque Tapia tiene la mirada puesta en Ezeiza, un punto clave para su estrategia a futuro.