El acusado de asesinar de al menos seis disparos al quiosquero Roberto Sabo, durante un asalto cometido ayer en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, se negó esta tarde a declarar ante el fiscal de la causa, lloró en la audiencia y rogó "por favor" que no le "pidan prisión perpetua", informaron fuentes judiciales.
Se trata de Leandro Daniel Suárez (29), un joven que estuvo casi seis años preso por robo y hurto y recuperó la libertad en agosto de 2020, y a quien ahora le imputaron el "homicidio agravado" del comerciante, delito que, justamente, prevé la pena máxima.
"Por favor, no me pidan la prisión perpetua. Me quiero morir", fueron las palabras que utilizó el acusado, según una fuente de la investigación, en su indagatoria ante el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza.
Voceros judiciales informaron que Suárez fue imputado del "homicidio agravado criminis causa, por el uso de arma de fuego" de Sabo (45) y también de "robo calificado -dos hechos-, hurto de vehículo, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, portación ilegal de arma de guerra", todo ello agravado por la "participación de un menor de edad".
Los mismos informantes señalaron a Télam que, tras negarse a declarar, el juez de Garantías 5 de La Matanza, Gustavo Banco, ordenó que el acusado siga formalmente detenido por todos esos delitos mientras se resuelve su situación procesal.
A su vez, la jefa de todos los fiscales de La Matanza, la fiscal general Patricia Ochoa, indicó que en la ficha de antecedentes de Suárez figura una condena del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 porteño de cinco años y diez meses de prisión por "hurto con escalamiento en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma", y que salió de la cárcel con "pena cumplida".
Por su parte, la adolescente de 15 años aprehendida ayer junto a Suárez quedó a disposición del fiscal Pablo Insúa, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del mismo Departamento Judicial.
A pedido del fiscal, el juez de garantías del Joven, Gustavo Indovino, dispuso que la chica quede alojada en el Instituto Centro de Admisión y Derivación de Jóvenes de San Martín como medida de seguridad ya que, por su edad, es inimputable y se le aplica un encierro preventivo por cuestiones de peligrosidad.