El miércoles, al filo del fin de semana largo, funcionarios del Ministerio de Defensa –que responden al rmendocino radical Luis Petri– anunciaron que dejarán sin efecto esa política y que despedirán a 10 de los 13 trabajadores que se desempeñaban en los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas.
Los equipos se crearon en 2010, cuando los juicios por crímenes contra la humanidad ya llevaban cuatro años reabiertos. Fue en respuesta al decreto 4/2010 de Cristina Fernández de Kirchner que desclasificaba la información sobre las Fuerzas Armadas referida al período 1976-1983. Los ERyA funcionan dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
Desde su creación, los equipos produjeron más de 170 informes para que la justicia investigue y juzgue el accionar de integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y relevaron más de 17.000 legajos. Los principales interesados en su desmantelamiento son justamente quienes se sientan en el banquillo por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones y robo de bebés. En la red social X, defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado festejaron la decisión de Petri.
Según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los despidos en el Ministerio de Defensa estuvieron enfocados en los equipos de relevamiento y análisis. La decisión de desmantelar el área provino –según el gremio– de Petri y de Claudio Pasqualini, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Pasqualini fue el jefe del ejército durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde allí, fogoneó actos por la “memoria completa”. Está casado con Laura Renés, hija de Athos Renés –condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén.
El director nacional de Derechos Humanos, Lucas Miles Erbes y el asesor legal Jerónimo Pèrés Vieyra fueron quienes comunicaron la decisión de derogar todas las resoluciones que rigen el accionar de los equipos y de despedir al grueso de sus integrantes.
Erbes visitó a genocidas presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo semanas atrás en una situación insólita para un área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
Fiscales preocupados
La decisión de desmantelar Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) generó preocupación entre actores claves del proceso de verdad y justicia en la Argentina.
Después de que trascendiera la noticia, el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Asistencia para las causas de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Neuquén, le envió un oficio a Petri para que tenga “a bien evitar cualquier decisión que pueda poner en peligro el acervo documental que conforma y gestiona el archivo de Defensa”.
Palazzani invocó un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenaba preservar la prueba de lo que surge en los juicios. Uno de los camaristas que firmó esa resolución fue Alejandro Slokar, quien también expresó su preocupación.