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Tres leyes del DNU del Gobierno Nacional, impactan en sector vitivinícola mendocino

Estas normativas estaban vigentes desde la década del ´70 y fueron sancionadas por el Congreso Nacional. Entre ellas, se encuentran la que rige la regulación de la elaboración del vino y los contratos del sector vitivinícola

Redacción
21/12/2023 08:51
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A través de cadena nacional, el presidente de la Nación; Javier Milei presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) compuesto por 366 artículos que implica una profunda desregulación de la economía. Dentro de ese marco, se derogan múltiples leyes y normativas en distintos sectores que impactan directamente en las economías regionales.

En lo que respecta a Mendoza, se encuentran tres que afectan directamente a la industria madre de nuestra provincia, la vitivinicultura.

El primer mandatario al referirse a este punto lo definió como la “liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola”.

En febrero de 1970 fue sancionada la primera ley que regula los contratos de elaboración de vino, definiendo las normas que regirán los contratos por los sistemas ‘contrato de elaboración por cuenta de terceros’.

En el DNU del Gobierno Nacional, se derogan algunas leyes impuestas al sector vitivinícola justificando la decisión en base a que “varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación, por lo que resulta adecuado derogar la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos.

 La Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola provinciales y el nacional elaboraron un nuevo modo de regulación a fin de lograr el crecimiento del sector.

Además, se establecieron desgravaciones impositivas a las producciones agropecuarias en zonas áridas, con el fin de lograr inversiones en infraestructura de riego , inversiones en tierras, y otros aspectos relacionados como maquinarias, camiones, perforación de pozos e instalación de bodegas, entre otros.

La ley 22.667, le otorga al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) el rol de controlador, fiscalizador y autorizador de los traslados locales e interprovinciales de los productos vitivinícolas.

Además, regula la elaboración del vino y el mosto, como la cantidad de uva por litro que debe regir en el proceso de destilado del producto.

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