Un inmueble ubicado en la Avenida Rivadavia 2749/89, cedido en 2018 al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” para fines pedagógicos, está en el centro de un escándalo por su uso irregular. Según denuncias presentadas por el Ministerio de Justicia, el espacio ha sido transformado en un boliche clandestino, vivienda informal y búnker político, entre otras actividades no autorizadas.
El ministro Mariano Cúneo Libarona solicitó el desalojo del lugar, que debía albergar actividades académicas, pero terminó siendo epicentro de fiestas privadas, propaganda partidaria y un centro de atención a migrantes sin regulación adecuada.
De sede universitaria a boliche y búnker político
El edificio, cedido en 2018 mediante una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), tenía como destino albergar la sede del Instituto Universitario “Madres de Plaza de Mayo”. Sin embargo, nunca fue utilizado con ese propósito. En cambio, informes recientes revelan que el inmueble albergaba:
- Un boliche clandestino con luces, sonido, una barra para venta de bebidas alcohólicas y alimentos, operando sin habilitación.
- Un búnker político vinculado a la organización MILES, liderada por el dirigente Luis D’Elía, con propaganda partidaria y slogans políticos.
- Viviendas irregulares, como la ocupación del tercer piso por una familia que lo usaba como residencia.
- Un centro de integración para migrantes, gestionado por organismos oficiales pero mezclado con actividades no autorizadas.
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Denuncias por mal uso de bienes públicos
El Ministerio de Justicia acusa a los ocupantes de haber violado las condiciones de la cesión, perjudicando tanto los intereses del Estado como de la comunidad. Entre las irregularidades, se menciona el uso del inmueble para fines recreativos y comerciales sin controles sanitarios, la falta de supervisión sobre las actividades realizadas y la instalación de propaganda política en un espacio público.
El escrito presentado ante la Justicia Federal también detalla la existencia de contratos revocados previamente para el uso del edificio. Uno de ellos, otorgado en 2012 a una organización liderada por Luis D’Elía, ya había sido suspendido debido a la subutilización y ocupación irregular del inmueble.
Medidas judiciales en curso
El caso, ahora bajo análisis del Juzgado Federal 1 a cargo de María Romilda Servini, incluye el pedido de cuatro acciones concretas por parte del Ministerio de Justicia:
1. Comprobar los hechos denunciados.
2. Restaurar el uso adecuado del inmueble.
3. Determinar responsabilidades de los involucrados.
4. Implementar el desalojo del lugar y garantizar la correcta utilización de los recursos públicos.
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Reacciones y disputas políticas
Desde la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) se desmarcaron de las acusaciones, argumentando que el inmueble no estaba bajo su administración y que el acta de transferencia firmado en noviembre de 2023 corresponde a otro edificio en Avenida Rivadavia 4615. Además, acusaron al gobierno de La Libertad Avanza de realizar un ataque político contra la institución.
Mientras tanto, las denuncias de uso indebido del inmueble han generado fuertes críticas y avivado el debate sobre la transparencia en el manejo de los bienes estatales, con un llamado a investigar y resolver lo que ya se considera un escándalo de proporciones.