Esta semana tomó conocimiento público el aumento de sueldo para altos funcionarios en la administración pública oficializado tras la publicación de un decreto que llevó la firma del presidente de la Nación, Javier Milei.
Inicialmente, tras un alto revuelo generado en las redes sociales, Milei utilizó su cuenta de la red social X para realizar un descargo mediante el cual, responsabilizó por los aumentos a un decreto firmado bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner al publicar: “Me acaban de informar que es producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, que se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”.
Dicho descargo derivó en un cruce entre ambos que escaló tras la publicación de la ex Presidenta, cuando posteó comparativamente los dos decretos relativos a los aumentos firmados por Milei este año, replicando que “En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver.”
Posteriormente, en una entrevista concedida a La Nación +, Milei detalló que “En enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos del personal jerárquico, los cargos políticos. Cuando se dio el primer aumento, del 16%, no se le dio a los cargos políticos". Y agregó: "El consenso de todos los ministros era: 'Nosotros tenemos que quedar con los sueldos congelados'", por lo que se trasluce que efectivamente dicha determinación podía haberse cumplimentado con una correcta redacción del decreto 206/2024 publicado el 29 de febrero, que se anunció se dejará sin efecto. En esa misma entrevista se dio a conocer la separación de su cargo del secretario de Trabajo, Omar Yasín siendo responsabilizado por el error cometido.
Al respecto la ex Secretaria Legal y Técnica durante la presidencia de Alberto Fernández, Vilma Ibarra, se refirió en X al respecto, destacando que “Milei dijo que “le informaron” que se había aumentado su sueldo, el de sus ministros y secretarios. El decreto 206 que lo dispone lleva su firma, que es digital y exige token y contraseña.” Así la especialista en la materia, expuso la responsabilidad del primer mandatario al afirmar que “Si el presidente entregó token y contraseña para que alguien firme por él, es responsable. Si el presidente firmó por sí mismo sin conocer el contenido del decreto, es responsable (ídem los ministros que refrendaron).”
El traspié cometido por el gobierno impactó negativamente en la imagen del mismo y en la valoración de los funcionarios en los comentarios en redes sociales de una manera contundente, según reveló la consultora Ad Hoc, ya que más de la mitad de los usuarios se refirieron al presidente de manera negativa entre el 8 y el 11 de marzo, fechas en que mantuvo centralidad la polémica sobre el aumento salarial y además recibió duras críticas en el marco del Día Internacional de la mujer trabajadora.
Esta sucesión de acontecimiento presentó varias similitudes con lo acontecido en el Poder Legislativo, donde la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem debieron retrotraer la adhesión del aumento salarial de los legisladores en sintonía con el acuerdo paritario de los empleados legislativos.
De esta manera, parece consolidarse una tendencia por parte del primer mandatario a depositar en otros las responsabilidades de aquellos desaciertos relacionados a sus propias acciones. Ya se habían vislumbrado indicios al respecto en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del congreso, cuando responsabilizó a la oposición por el fracaso legislativo de su estrategia para el tratamiento de la “Ley Bases”, y por la pauperización de los indicadores económicos relativos a precios y pobreza durante sus primeros meses de gestión, que indicó que de no ser por su política económica, estaban destinados a ser aún peores, como así también una falta de arrepentimiento por el violento uso que realiza de sus propias redes sociales para agredir a quienes piensan distinto.
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