El Senado de Mendoza aprobó este martes por unanimidad, la modificación del Régimen Procesal de la acción civil de Extinción de Dominio. El proyecto avanza en la apropiación de bienes provenientes de hechos de corrupción que tendrá como destino la Dirección General de Escuelas (DGE). Es decir, que el patrimonio decomisado será destinado a escuelas públicas de la provincia.
La propuesta fue presentada por el ministro de Educación, Cultura, Infancia y DGE, Tadeo García Zalazar, con el fin de buscar mayor financiamiento para el sistema educativo de Mendoza. La reforma propuesta implica alterar el inciso IX, apartado f) del Artículo 210 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia, Ley Nº 9001.
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Este cambio permitirá que, en caso de que el remate de los bienes resulte manifiestamente antieconómico o fracase por falta de oferentes u otros motivos, el juez pueda disponer la entrega directa de los bienes a la Dirección General de Escuelas, quien informará al Tribunal sobre el destino final de cada uno de los bienes referidos en un plazo de noventa días hábiles.
Esta medida se enmarca en la Ley 9151, que incorporó el proceso de extinción de dominio tras el proceso de adquisición de dominio por prescripción previsto en el CPCCyT. Su objetivo es recuperar rápidamente los bienes adquiridos ilícitamente, especialmente los provenientes de delitos de corrupción, cuando el imputado no pueda justificar su origen en un juicio civil.
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Los fundamentos de la normativa destacan la importancia de esta herramienta como una verdadera herramienta contra la corrupción, centrándose en los bienes producto del delito para beneficio de los niños y niñas que concurren a instituciones del Estado. Se espera que esta modificación propuesta aumente la eficacia del proceso y se ajuste al espíritu de la ley ya vigente.