El presidente de la Nación, Javier Milei, vetó la Ley de Financiamiento Universitario que había aprobado el Congreso de la Nación a través del Decreto 879/24. Ahora, la oposición en Diputados pidió una sesión especial para bloquear el veto.
"Estuvimos el 23/4 en las calles pidiendo por el financiamiento universitario. Estuvimos en mayo para emplazar comisiones y sacar dictamen. Estuvimos en agosto con la 1/2 sanción. Estuvimos este miércoles. Y estaremos la semana que viene en el recinto para rechazar el veto", anticipó el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
El proyecto, sancionado por amplias mayorías en ambas Cámaras del Congreso, “pone en riesgo la política de déficit cero que instauró Milei”, justifica el Gobierno. La ley implicaría para las cuentas públicas un gasto adicional de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, según lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
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Los diferentes bloques del Congreso ya mostraron sus reparos ante el veto presidencial, en plena sesión de Diputados. El salón de Pasos Perdidos se convirtió en el escenario de las críticas y cuestionamientos a las políticas de ajuste del jefe de Estado. En dos ruedas de prensa, los legisladores sumaron volumen a la construcción de mayorías contra la decisión del Ejecutivo. Entre los radicales, se destacan Danya Tavela, Martín Lousteau, Carla Carrizo, Mariela Coletta y Natalia Sarapura. Desde Encuentro Federal, los cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Oscar Agost Carreño y Natalia de la Sota; los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein; los “lilitos” de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli; Juan Brügge de la Democracia Cristiana y los del PRO, Guadalupe Tagliaferri y Álvaro González.
Rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario: cómo está el poroteo
En relación con los pasos para confirmar o no el veto se necesita de una mayoría de dos tercios de los votos. Es decir que, si asistieran los 257 diputados, esos dos tercios serían 171. El oficialismo, junto a los bloques del PRO, el MID y bloques menores, buscarán los números suficientes para bloquear esa mayoría.
El número ideal para los libertarios sería alcanzar los 87 diputados nacionales y bloquear cualquier intento de lograr las dos terceras partes del cuerpo legislativo, como ocurrió el pasado 11 de septiembre cuando Martín Menem logró que quedara firme el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria. En esa jornada, 153 votos fueron a favor de insistir con la ley, mientras que 87 fueron en contra y hubo ocho abstenciones.
A esos 87 diputados que sostuvieron el veto contra los jubilados, el presidente de la Nación los calificó de “héroes” y los invitó a cenar a la Quinta de Olivos, en un evento organizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En esas mayorías, La Libertad Avanza sumó a cinco diputados radicales díscolos y a las abstenciones de los ocho legisladores de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro.
La Libertad Avanza, en la Cámara de Diputados, sabe que el rechazo total o parcial a la sanción parlamentaria ya cuenta con el voto negativo de UxP, que encabeza Germán Martínez, y del Frente de Izquierda.
La oposición no perdió tiempo y a las pocas horas del veto del presidente Javier Milei a ley universitaria, convocó a sesionar el próximo miércoles, así lo impulsó la UCR y lo acompañará el kirchnerismo. Sin embargo, estos dos bloques suman solo 104 diputados.
La ley sancionada
La norma sancionada por el Congreso establece garantizar la recomposición de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario a partir del 1 de diciembre de 2023, hasta la sanción de la ley, por la variación de inflación del INDEC.
Desde la sanción de la ley hasta el 31 de diciembre de este año, la actualización será mensual y se ajustará por inflación. El artículo 6 de la norma establece que no se aplicará la actualización salarial cuando las paritarias a nivel general de los sectores docentes y no docentes sean acordadas y refrendadas por el Poder Ejecutivo.
Se estableció que las asignaciones deberán estar acordadas con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), y la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará auditorías de manera inmediata y las remitirá al Congreso para su conocimiento. Como solicitó UxP, quedó la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.