Finalmente este martes, el Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para modificar los montos de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). Con 23 votos afirmativos del oficialismo y 12 negativos de la oposición, el proyecto se transformó en ley y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Se trata de la modificación de dos artículos de la Carta Orgánica que da lugar a un nuevo planteo de porcentajes que aportan los afiliados directos y del Estado por sus empleados. Con esta norma, lo que busca el oficialismo de Mendoza es darle una solución a la crisis financiera que atraviesa la obra social.
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El proyecto aprobado por la mayoría en la Legislatura provincial modifica el artículo 22° de la Carta Orgánica de OSEP, la misma se relaciona con el aporte mensual al Fondo de Enfermedades Catastróficas. Por lo que, esta suma será de 0.75% por hasta 1 afiliado indirecto a cargo; de 1.5% por hasta 2 indirectos y de 2.25% por 3 o más afiliados indirectos a cargo. En tanto, en el artículo N° 24 establece una modificación en el aporte que realiza la parte patronal, que del 6% pasará al 7%.
Debido a que la norma aún no se encuentra publicada en el Boletín Oficial y por ende no entra en vigencia, se estima que los nuevos valores de descuentos se reflejen recién en el periodo de abril.
Entre otras cosas que dispone la modificación de la OSEP, es un informe semestral en el que la obra social deberá remitir los avances en materia prestacional y presupuestaria relacionado con los alcances de este proyecto a los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Salud, Desarrollo Social y Deportes, así como a las Comisiones de Salud de ambas Cámaras.
Por otra parte, la lubricación establece suspender en el ámbito de la Obra Social la incorporación de personal administrativo. A no ser que el ingreso se origine por el reemplazo, por jubilación o renuncias que se encuentren debidamente respaldadas.
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A su vez, también se incorporó una mejora en los sistemas de control de la conducta prestacional de los profesionales y las instituciones prestadoras de servicios, especialmente en los departamentos alejados, para evitar el cobro indebido de coseguros y asegurar el cumplimiento de los convenios vigentes.