La diputada provincial, Josefina Canale se pronunció respecto de la próxima asunción de la diputada por Unión Mendocina, Janina Ortiz considerando que de producirse la asunción se estaría “a las puertas de un hecho de enorme gravedad institucional, sin precedentes”.
Esgrimió que lo más prudente sería que “la señora Janina Ortiz decida No tomar posesión de la banca como una muestra de respeto hacia los ciudadanos que la votaron de buena fe y a quienes la imputada no está en condiciones de representar cabalmente”.
“De no tomar la Sra. Janina Ortiz esa decisión considero que es la Comisión de Poderes quien debe tomar cartas en el asunto según indica el Art 65 de la Constitución Provincial, entendiendo que hay motivos más que suficientes que prueban incapacidad moral”, sostuvo en una nota elevada a la presidencia de la Cámara Baja.
“No motivan esta presentación cuestiones partidarias sino una sincera preocupación por la jura y asunción de la Diputada por La Unión Mendocina, Janina Ortiz ya que traería aparejada una disminución de la calidad institucional de la provincia de la que todos estamos orgullosos y a la que siempre defendimos con determinación”, explicó la diputada.
La legisladora argumentó que “de no producirse la jura No se vería afectada la representatividad de los votantes del primer distrito ya que sería inmediatamente reemplazada por el siguiente en la lista. Sin embargo, su toma de posesión de la banca sentaría un precedente nunca antes visto que mancilla la honorabilidad del poder legislativo y la buena reputación de las instituciones provinciales todas”.
En esta línea remarcó que “el art 65 de nuestra Constitución Provincial es claro cuando habla de incapacidad moral” entendiendo que este caso en particular “hay serios indicios que implicaron la imputación por al menos un delito de abuso sexual”.
“Es por esto que creo que no sería conveniente que una persona a la que la ciudadanía le encarga la tarea de regular las actividades o prever sanciones, asuma con una imputación de delito grave, en lo que puede interpretarse como una maniobra para eludir los efectos de la justicia”, señaló.
Josefina Canale sostiene además que “la imputación de la electa diputada, es la punta del iceberg que muestra una gestión municipal en extremo desordenada, tanto desde el punto de vista administrativo como institucional, ya que es un emergente que señala una forma de ejercer el poder personalista y extorsionador que pone en grave riesgo la prestación de servicios que hacen a la esencia de una gestión municipal”.