Con el respaldo de la Ley 24.018 y una interpretación estricta de los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, la administración de Balcarce 50 busca argumentar que el “mal desempeño” y los delitos en funciones públicas son causales suficientes para eliminar estas pensiones. Bajo este marco, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, anunciará mañana la baja de la pensión de Cristina Kirchner, quien actualmente percibe $23.359.102 brutos, compuestos por su asignación como expresidenta y la pensión de su fallecido esposo, Néstor Kirchner.
En paralelo, el Ejecutivo prepara una resolución para cancelar la jubilación de privilegio de Amado Boudou, quien actualmente recibe $6.814.272 mensuales. La medida se apoya en la condena que recibió el exvicepresidente en 2020, ratificada por la Corte Suprema, por su implicación en la causa Ciccone, una sentencia que lo convirtió en el primer vicepresidente de la historia argentina condenado por corrupción.
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La situación se agrava para Cristina Kirchner tras la reciente confirmación de su condena a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para cargos públicos en la causa Vialidad, veredicto emitido ayer por la Cámara de Casación. La expresidente planea apelar a la Corte Suprema, pero el Ejecutivo prevé que la reacción ante la pérdida de su pensión desencadenará una escalada judicial. En ese escenario, el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, asumirá la defensa del Gobierno, respaldando la legitimidad de la medida.
Desde la Casa Rosada, insisten en que estas pensiones no pueden ser consideradas “retribuciones de por vida” cuando los funcionarios han sido hallados culpables de delitos graves. “El mal desempeño es una causal que debe ser interpretada en su máxima amplitud”, subrayan. “No es compatible con el honor que exige el cargo haber incurrido en delitos de corrupción mientras se ejercen funciones públicas”.
La decisión del Ejecutivo ha desatado un amplio debate. Sectores de la oposición la consideran un acto de justicia, mientras que los seguidores de los exmandatarios cuestionan la legalidad de la medida. En el horizonte, el final de las jubilaciones de privilegio de Kirchner y Boudou promete ser un capítulo de alta tensión en la ya compleja trama política y judicial del país.
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