El Gobierno nacional ha decidido cancelar los beneficios de jubilación y pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner que recibía la exmandataria Cristina Kirchner, luego de la condena de la Cámara de Casación en la causa Vialidad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó durante su habitual conferencia de prensa que esta medida representa un ahorro mensual de $21.827.624,65 para el Estado. “Por orden del presidente Javier Milei y con el apoyo del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, conocida popularmente como jubilación de privilegio, que la ex presidenta venía percibiendo”, explico Adorni.
El funcionario añadió que la cancelación afecta tanto a la asignación personal de Cristina Kirchner como a la derivada de la pensión del expresidente Néstor Kirchner. "Esto significa un ahorro significativo para los argentinos, al menos en lo que respecta a la asignación que se percibía”, afirmó.
Adorni también recordó que el beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes es una asignación no contributiva, otorgada de manera excepcional y extraordinaria, en reconocimiento al honor, mérito y buen desempeño en el cargo. Aclaró que la actual titular del Partido Justicialista podrá recibir "una pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes, y no por un adicional de privilegios", y advirtió que “es probable” que la exfuncionaria recurra a la Justicia para impugnar esta decisión.
Asimismo, Adorni subrayó que la condena en la causa Vialidad, por administración fraudulenta, contradice los principios de honor y mérito. “La jubilación para exmandatarios es un privilegio que no debería existir en Argentina, especialmente si quien la recibe está condenada por defraudar a millones de argentinos que vieron desvanecerse sus esperanzas a causa de la política”, sentenció.
Un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, dirigido por la ministra Sandra Pettovello, argumentó que “la baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal, sino que es una consecuencia necesaria ante la indignidad de haber sido considerada responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Para el presidente, la condena de la exvicepresidenta hace “inadmisible” que continúe recibiendo asignaciones de privilegio que fueron otorgadas por un supuesto buen desempeño y el honor de cumplir con su función presidencial. “Un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y las consecuencias que debe tener la comisión de delitos que atentan contra el sistema democrático justifica la medida adoptada”, concluyeron.
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