La Asamblea de Accionistas de Aerolíneas Argentinas tomó hoy una decisión histórica: la expulsión del influyente sindicalista Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), del Directorio de la compañía. La resolución, impulsada por el Estado nacional como principal accionista, se argumenta en que Biró, con su accionar, ha “perjudicado recurrentemente” a la aerolínea, según un comunicado oficial. El conflicto, lejos de quedar zanjado, ha entrado en terreno judicial, con Biró prometiendo impugnar la decisión ante la justicia.
El comunicado difundido por Aerolíneas Argentinas no escatimó en acusaciones, subrayando que Biró, quien además de ser líder gremial ocupaba un puesto directivo, “promovió 13 medidas de fuerza solo en este año”, muchas bajo el pretexto de “asambleas informativas” que, según la compañía, eran en realidad paros encubiertos. Estas acciones habrían afectado a más de 100 mil pasajeros, causando millonarias pérdidas y dañando gravemente la imagen de la empresa.
Aerolíneas asegura que las protestas fueron orquestadas de manera estratégica para maximizar el impacto, buscando interferir en horarios clave y causar el mayor daño posible. Además, la empresa destacó que, mientras Biró continuaba con sus medidas de presión, la aerolínea alcanzaba sus mejores resultados en un mes de septiembre en los últimos 23 años, logrando un superávit operativo de un millón de dólares, en contraste con las pérdidas de 46 millones en el mismo período de 2023.
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El enfrentamiento entre Biró y Aerolíneas no es nuevo. El sindicalista ha sido una figura central en las tensiones entre el gremio de pilotos y la dirección de la compañía, llevando a cabo numerosas acciones gremiales que, según la empresa, han obstaculizado su crecimiento y han mermado su reputación. No obstante, Biró defiende que sus reclamos son legítimos y en beneficio de los trabajadores, acusando a la dirección de la empresa de actuar en contra de sus propios empleados.
La situación se agravó en septiembre, cuando Biró fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación por amenazas extorsivas, luego de que advirtiera públicamente que “esto se va a poner mucho peor” tras el anuncio del Gobierno de declarar el transporte aéreo como servicio esencial.
Mientras tanto, Gustavo García Lemos, gerente de Operaciones de Aerolíneas Argentinas y afiliado al sindicato APLA, ha decidido retirar su renuncia tras la reincorporación de tres pilotos que habían sido despedidos por negarse a realizar un vuelo sin pasajeros. García Lemos había presentado su dimisión en señal de apoyo a los pilotos sancionados, pero tras una orden judicial que obligó a la empresa a reincorporarlos, reconsideró su decisión.
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En medio de esta turbulencia interna, el Gobierno nacional ha reavivado su propuesta de privatizar Aerolíneas Argentinas, o en su defecto, transferir su propiedad a los empleados. A la par, la empresa ha lanzado una agresiva campaña comercial con pasajes a precios promocionales, en un claro intento por mejorar su flujo de caja y mantener la estabilidad operativa en tiempos de conflicto.
El choque entre el sindicato de pilotos y la empresa sigue escalando, con un futuro legal incierto y el fantasma de la privatización sobrevolando la aerolínea de bandera.