La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley con 207 votos afirmativos y 1 negativo el otorgamiento de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la XLV Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015 y aprobada por la ley 27.360.
La especialista en asuntos de personas mayores, Isolina Dabove (foto), comentó en Radio Sudamericana que “en 2017, cuando Argentina se adhirió a la Convención, pero lo que pasó es que se empezaron a hacer visibles los derechos de las personas mayores”.
“En sus argumentos, los jueces aludían a la Convención, pero sin que tuviera importancia constitucional”, dijo y agregó que “la diferencia principal no se ve en la vida diaria, sino a la hora de resolver conflictos donde hay derechos que colisionan entre derechos de las personas mayores con otros que antes tenían jerarquía”.
Dabove explicó que “los derechos de las personas mayores tenían una importancia menor y, en caso de conflictos, se iban a priorizar los que tengan rango constitucional”. “Ahora los jueces tendrán que pensar mucho mejor para resolver porque se tiene jerarquía constitucional”, adelantó la docente y abogada.
Por otro lado, aseveró que el Estado nacional, las provincias y municipios “tienen mayor carga a la hora de cumplir políticas públicas para las personas mayores porque una persona que se sienta vulnerada puede litigar y llegar más fácilmente a la Corte Internacional inclusive”. “Hay que trabajar en los medios y en las escuelas para incluir contenidos mínimos sobre los derechos de las personas mayores porque hay un mandato constitucional”, aseguró, reconociendo que “hay que darle tiempo porque los cambios en la realidad no se dan de inmediato”.