Tres trabajadores de la Municipalidad de General San Martín presentaron una grave denuncia ante el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Mendoza por irregularidades en el programa de castraciones que lleva adelante la comuna que gobierna, en segundo mandato consecutivo, el médico y cirujano pediatra Raúl Rufeil.
La novedad que ya viene siendo denunciada públicamente tanto en redes sociales como en medios de comunicación locales hace foco en la responsabilidad tanto del jefe comunal como de Luciana Ficara, hoy directora municipal y exsecretaria del Concejo Deliberante de ese departamento en tiempos en que Daniel Llaver, otro médico pediatra, era presidente de ese cuerpo deliberativo. Actualmente, Llaver, es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Mendoza.
Según trascendió públicamente, la denuncia hizo blanco en la comercialización de medicamentos bajo el gobierno del Estado provincial y el maltrato animal de algunos de los veterinarios junto a la encargada del plan de castraciones municipal.
Allí aparece apuntada la Asociación Civil “Sus Patas En Nuestras Manos”, CUIT 30- 71431312-2, promocionada en su cuenta de Facebook como una organización sin fines de lucro.
Su titular, Paula Valdemoros, es la principal denunciada por la discrecionalidad con la que se maneja. “El personal del programa está sometido a su voz de mando, incluso algunos veterinarios, actuando al margen de la reglamentación, de la ley y del mandato social y normativo de buen trato a los animales”, dijo uno de los denunciantes al diario Mendoza Today.
El convenio es muy ventajoso para esta última y muy desventajoso para la municipalidad. Por caso, esta última debe proporcionar todos los insumos y medicamentos de uso veterinario necesarios a los fines del programa y también proporcionar auxiliares y veterinarios contratados pagos por la comuna. Dos de ellos son Delmer Mejias y Cintia Ventura.
“El gobierno de Rufeil le delegó a Valdemoros la suma del poder público en el manejo del programa y sin los controles debidos del municipio, hay muchas irregularidades, tanto en el trato que es debido a los animales, como en los insumos y medicación manejada en el programa”, sostuvo la fuente ya citada.
Los denunciantes han comprobado que todas las actividades del programa, que se deberían llevar a cabo en forma gratuita, sin cobrar contraprestación alguna, se cobran en efectivo y vía bancaria a la cuenta personal de la mujer en cuestión. Filmaciones lo demuestran, al igual que el hecho de que se promociona, venden y comercializan insumos y medicación de uso veterinario.
Tanto insumos como medicación se acopian fuera del ámbito estatal, sin control del intendente y de la directora y jefa del área, Luciana Ficara, y sin el control que es debido por parte de los veterinarios. De hecho, la denuncia asegura que se guardan en el domicilio particular de Valdemoros, sito en Pedro Molina 364 de San Martín.
En otro orden de cosas, la presentación pone el foco en el “grave maltrato animal” que impera dentro del programa público, donde no es la gente particular la que se arrima en sí, para hacer atender a sus mascotas, sino que existe un sistema montado para reclutar y trasladar a los animales, presuntamente en condiciones deplorables, con movilidad y choferes que aportaría Valdemoros.
Lo interesante del caso es que, como se dijo, los denunciantes fueron testigos directos de los ilícitos, ya que trabajan como empleados para la comuna prestando servicios en el marco del programa contractual de esterilización, vacunación y desparasitación de animales domésticos.