En la explanada del nuevo polo judicial de Mendoza, familiares de personas condenadas que están cumpliendo prisión por diversos delitos de gravedad, realizaron una manifestación. Entre los varios puntos que pidieron, el eje principal fue que se modere el criterio de privación de la libertad de quienes cumplen condenas en las distintas cárceles de la provincia y que se derogue la ley Petri.
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“Los que piden la derogación de la ley Petri defienden a los delincuentes y buscan que estén en las calles y no en las cárceles. Voy a defender con todas mis fuerzas una ley que tanto nos costó aprobar por el rechazo de sectores garanto-abolicionistas de la pena. Que hoy allegados a condenados pidan su derogación es la prueba de que la ley está funcionado”, remarcó Luis Petri.
Se trata, precisamente, de la ley de su autoría, que establece el cumplimiento total de las condenas a violadores y asesinos. Hoy, distintas personas vinculadas a delincuentes condenados por delitos violentos se manifestaron para pedir su derogación y la flexibilización de las liberaciones, entre otras solicitudes.
Se trató, según ellos mismos lo definieron, de un grupo autoconvocado que llevó su reclamo al Polo Judicial Penal de Mendoza. Entre los distintos puntos que solicitaron a través de un petitorio que fue recibido por Edith Casino, Administradora del tribunal Penal Colegiado N° 2, estuvo el pedido específico de derogación de la ley Petri.
Cabe contextualizar que se trata de la ley propuesta por el dirigente de la UCR y aprobada tanto a nivel provincial (en 2012), como a nivel nacional (en 2017). La normativa prohíbe las salidas transitorias y la libertad condicional a condenados por delitos graves, debiendo cumplir la totalidad de la condena en la cárcel.
Vale decir, que la ley Petri establece en su articulado que no se podrán otorgar salidas anticipadas a los condenados por “homicidios, violaciones, por tortura seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas y robo con arma de fuego y en banda”. Contra esto, se manifestaron este miércoles los familiares de personas condenadas por delitos graves.