En un movimiento que promete sacudir el tablero político y judicial, el Gobierno ordenó la desclasificación de archivos secretos de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) relacionados con la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La decisión fue tomada por la mesa chica del Ejecutivo, que instruyó al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Sergio Neiffert, a cumplir con el requerimiento presentado por la Fiscalía Federal 3 de Comodoro Py.
"El presidente dio la orden de que se mande. Estamos revisando la documentación para organizarla y enviarla a la Justicia", confirmó un alto funcionario cercano al Ejecutivo.
La resolución responde a un oficio clave que busca destrabar parte del expediente judicial más controvertido de las últimas décadas. Desde la trágica muerte de Nisman, ocurrida en enero de 2015, la causa ha atravesado una intrincada maraña de teorías, denuncias y demoras, con la sombra de la SIDE siempre presente en las especulaciones sobre el presunto entramado detrás del hecho.
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Un paso hacia la transparencia
La medida de desclasificar archivos, aunque celebrada por sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, no está exenta de controversias. Especialistas advierten que los documentos podrían estar incompletos o sujetos a manipulaciones previas, dado el tiempo transcurrido desde la desaparición física del fiscal.
Sergio Neiffert, que asumió la conducción de la AFI con la promesa de despolitizar el organismo, enfrenta ahora una prueba de fuego. La selección, organización y posterior entrega de los archivos marcarán un antes y un después en su gestión, además de impactar directamente en el curso de la causa judicial.
El contexto político
La decisión del Gobierno llega en un momento de tensión institucional, con la relación entre el Ejecutivo y la Justicia atravesada por desacuerdos sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el rol de los jueces en causas sensibles. Desde sectores oficialistas, la medida es presentada como un acto de colaboración con el Poder Judicial, mientras que desde la oposición se mantiene un escepticismo moderado.
"Esto es lo que siempre pedimos: que se liberen los archivos para conocer la verdad. Pero queremos ver si es toda la información o solo lo que les conviene", señaló un referente opositor.
La entrega de los documentos, que podría concretarse en los próximos días, podría aportar nuevos elementos a la investigación o, por el contrario, reafirmar las dudas sobre el grado de involucramiento de sectores del Estado en el caso Nisman.
El oficio presentado por la Fiscalía Federal 3 de Comodoro Py, encabezada por un equipo que desde hace años investiga el caso, representa un nuevo intento por esclarecer los hechos que rodearon la muerte del fiscal. Su deceso, ocurrido días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán, sigue generando controversia y dividiendo opiniones sobre si se trató de un suicidio o un asesinato.
Mientras tanto, la sociedad aguarda expectante el desarrollo de este nuevo capítulo. Para algunos, la desclasificación podría significar un avance real hacia la verdad; para otros, una maniobra simbólica en un juego político que aún no parece tener final.