El juez federal Ariel Lijo desclasificó información de inteligencia vinculada con la investigación sobre el atentado contra la AMIA, a pedido de la querella de víctimas. En un avance significativo en la investigación del atentado, la medida responde a un pedido de la querella de Memoria Activa y busca preservar documentación en riesgo.
Lijo dispuso “declarar de acceso público el informe elaborado por la entonces Secretaria de Inteligencia de la Presidencia de la Nación titulado “Temática: A.M.I.A. la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores”.
Se trata de un documento conocido como “Informe Toma”, elaborado durante la gestión al frente del área de inteligencia de Miguel Ángel Toma, durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde.
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Ese documento “fue un elemento de prueba abordado en el primer juicio celebrado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3”, recordó el juez Lijo.
“La publicidad del documento encuentra anclaje normativo en las decisiones administrativas de desclasificación. (…) El informe goza de carácter público”, resolvió Lijo, uno de los candidatos del gobierno para la Corte Suprema.
El juez dispuso también “intimar a la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto PEN n° 213/20”, firmado durante el gobierno de Alberto Fernández.
Ese artículo dispuso la formación de una “mesa de diálogo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y delitos conexos”.
Esa mesa debía estar integrada por la AFI, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad, la Cancillería “y se invitará al efecto a representantes del Ministerio Público Fiscal, víctimas, familiares y/o querellantes en los procesos del referido atentado, su encubrimiento y demás delitos conexos”.
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Lijo también recogió la preocupación de las querellas por la conservación de elementos de prueba recolectados a lo largo de estos 30 años de “investigación”.
En ese sentido, ordenó “una inspección judicial en las instalaciones del edificio Barolo, a los fines de analizar las preocupaciones expresadas respecto a la conservación de la documentación en función del riesgo edilicio y la adecuación del inmueble para dicho fin”.
“Al efecto se convocara a personal designado del Archivo Nacional de la Memoria”, añadió.
Finalmente, Lijo requirió a la AFI “que arbitre la forma en que el Área de Análisis de la UFI AMIA tenga acceso a la base de datos de la Agencia, en relación a las necesidades del tratamiento y análisis de la documentación que le fue transferida”.