Los cuatro policías de la localidad chaqueña de Fontana que desde el 9 de junio estaban detenidos con prisión domiciliaria por haber atacado a la familia qom Fernández-Saravia a fines de mayo quedaron en libertad. La jueza de Garantías Rosalía Zózzoli hizo lugar a la presentación de sus abogados defensores y modificó la calificación legal del brutal ataque, que incluyó torturas en la comisaría local a cuatro jóvenes, una de ellas menor de edad. La causa ahora es por “allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones”. El caso mereció repudios de todo tipo, icluido el del presidente Alberto Fernández, quien calificó a las imágenes del ataque como “inaceptables”. Los policías continúan imputados pero permanecerán en libertad, y la comunidad qom advierte sobre el riesgo que eso implica para ellos.
Los imputados Cristian Flores, Orlando Cabrera, Cristian Foschiatti y Cristian Benítez fueron detenidos recién dos semanas después del hecho, por el gran repudio que se generó tras la viralización del video donde puede verse la brutalidad con la que ingresan a la humilde vivienda, para luego torturar a varios de sus integrantes y abusar sexualmente de dos chicas que quedaron en estado de shock por varios días. En la comisaría a los jóvenes les dieron una paliza, los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderles fuego al tiempo que les decían “indios infectados”.
La decisión de la jueza causó “sorpresa” entre los investigadores del caso, sobre todo porque en breve habrá más policías imputados, dado que el ataque fue perpetrado por una patota de personal uniformado y de civil, algunos de ellos alcoholizados.
“Es una postura llamativa”, expresó la fuente sobre la resolución de la jueza. Los policías beneficiados ya gozaban del arresto domiciliario concedido por el fiscal coordinador Sergio Cáceres Olivera y la fiscal Lilian Irala, subrogante de la fiscalía especial penal de Derechos Humanos de Chaco, en virtud de que en los lugares de detención había contagiados de coronavirus.
El vicepresidente del Comité contra la Tortura, Egidio García, denunció que “la liberación de los policías se da en un contexto de persecución racial y complicidad judicial”. En nombre de la sociedad civil de los pueblos indígenas de Chaco, García expresó: “Me siento embroncado, molesto por la complicidad de una jueza en la libertad de algunos miembros de la fuerza de seguridad responsables del vejamen, la persecución racial y la tortura de los hermanos indígenas de Fontana deja que pensar porque somos un pueblo pacífico”. El referente agregó: “Debatimos con las comunidades indígenas sobre esta percusión racial de las fuerzas de seguridad, es más triste porque hay una jueza en complicidad en la liberación de estos personajes”.
En tanto, la investigación avanzó con las declaraciones testimoniales de las dos mujeres víctimas, cuyos dichos concuerdan con otras pruebas que hay en el expediente. Una de ellas es una menor de edad, cuyo ingreso a la comisaría habría sido ilegal. El juzgado de menores que estaba de turno ya confirmó que desde allí “en ningún momento se autorizó el alojamiento de la menor” en la comisaría tercera. Esto podría ser otro delito, por lo cual los imputados deberían prestar una ampliación de su indagatoria.