El 10 de marzo, el estudio Glancy Prongay & Murray (GPM) presentó una moción ante el juez Kiyo Matsumoto, de la Corte del Distrito Este de Nueva York para que homologue un acuerdo de más de 100 páginas que había firmado el día 3 en representación de un grupo de inversores que venían litigando desde diciembre de 2018 contra Tenaris y el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, por presentar formularios ante la SEC (el regulador de bolsa estadounidense) en los que decían prohibir y castigar la corrupción mientras, al mismo tiempo, participaban de un esquema de pago de coimas a funcionarios públicos argentinos en el marco de la causa Cuadernos.
El juez ya le dio admisibilidad formal y, con esa decisión, activó el plazo de 15 días que tiene Tenaris para depositar, por sí y por Rocca, un total de USD 9,5 millones en efectivo que quedarán en una cuenta bajo custodia del tribunal hasta que, cumplidos los plazos procesales pertinentes (notificar a otros inversores, escuchar objeciones en audiencia, aprobar definitivamente el acuerdo, deducir honorarios, impuestos y otros gastos, etc.), se empiece a distribuir el dinero.
Los abogados estimaron que, si ganaban el juicio, habrían obtenido daños por USD 236,4 millones, pero eligieron cobrar mucho menos por los costos, el riesgo y las demoras implicadas en un litigio como este. El caso, dado a conocer por la periodista Emilia Delfino en el DiarioAR, puede demorar años entre mociones y apelaciones, los testigos están en otros países y a esto se suma la dificultad de enfrentar a una mega corporación representada por un estudio de primera línea (Sullivan & Cromwell), explicaron en su presentación los abogados de GPM.
En la Argentina, Rocca está a salvo. La causa Cuadernos se terminó definitivamente para él en agosto de 2021, cuando el juez federal Julián Ercolini lo sobreseyó a él y a sus dos alfiles Luis Betnaza (director corporativo y virtual número dos del Grupo Techint) y Héctor Zabaleta (director de administración) por “razones humanitarias”. Dijo que habían actuado justificados por un estado de necesidad porque temían por la integridad física de sus empleados en Venezuela. El fiscal Carlos Stornelli y la Unidad de Información Financiera (UIF) podían apelar, pero no lo hicieron. El entonces titular del organismo que lucha contra el lavado de activos, Carlos Cruz, dijo que se había enterado por los diarios de que el sobreseimiento había quedado firme.
Pero, así como el escándalo de Odebrecht pasó por estas tierras sin pena ni gloria a pesar de que dejó tirados muñecos en el resto del planeta, Cuadernos también tuvo coletazos en otras latitudes. Con la corrupción pasa lo mismo que en muchos casos de delitos de lesa humanidad, cuando los países víctimas no querían o no podían juzgar crímenes aberrantes y había que salir a rogar jurisdicción universal en otro lado. Pinochet, recordemos, fue detenido en Londres por orden de un juez español.
Argentina en esa materia puede dar cátedra. No habremos ganado el Oscar, pero juzgamos a las Juntas nosotros solitos. Nada de andar persiguiendo genocidas en Europa. Ahora, con la corrupción, bueno, no nos va tan bien. El acuerdo que acaban de firmar Rocca y Tenaris con dos grupos de inversores para compensarles pérdidas por la caída estrepitosa del valor de la acción a partir de la causa Cuadernos es un ejemplo más de cómo tenemos que andar con la ñata contra el vidrio viendo cómo la Justicia de otros países avanza contra tipos a los que nosotros mandamos a la casa sin un día de cana ni un peso de multa.
¿De qué se trata el caso? La cosa fue así. La causa Cuadernos estalló el 1 de agosto de 2018. El primer funcionario arrepentido, Claudio Uberti, que había sido titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI), dijo que Betnaza le había dado cinco o seis paquetes de US$100 mil dólares cada uno para Néstor Kirchner entre 2006 y 2007.
Betnaza y Zabaleta también declararon como arrepentidos: reconocieron pagos por US$1 millón de dólares en 2008 al segundo de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, para que el gobierno argentino intercediera ante la Venezuela de Hugo Chávez por la estatización de SIDOR, una siderúrgica de Tenaris. Betnaza dijo que le dio la orden de pagar a Zabaleta. En su indagatoria, Rocca dijo que él no sabía nada y que Zabaleta tenía autonomía para aplicar esos pagos a pedido de Betnaza.
El 27 de noviembre, el juez Claudio Bonadio procesó sin prisión preventiva a Rocca por asociación ilícita y cohecho activo. Fue un escándalo mundial. Las acciones de Tenaris cayeron USD 2,64 por acción, casi un 10 por ciento. El 5 de diciembre los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la decisión del juez y pidieron la detención de Rocca. Las acciones siguieron hundiéndose y perdieron otro 5%.
El caso en la justicia neoyorquina se inició pocos días después, el 12 de diciembre, cuando un grupo de inversionistas presentó una demanda contra Rocca y Tenaris, entre otros, a la que luego se sumaron nuevas demandas. En abril de 2019, el juez ordenó unificar todos los reclamos en una única acción de clase bajo la conducción del estudio Glancy Prongay & Murray LLP. La demanda consolidada, a la que tuvo acceso Infobae, se presentó el 19 de julio de ese mismo año.
FUENTE: INFOBAE