El regreso del empresario Lázaro Báez a Santa Cruz, para cumplir con su prisión domiciliaria, por la causa de lavado de dinero en el caso conocido como la "Ruta del Dinero K", generó e indignación en la provincia patagónica.
En su cuenta de Instagram, Báez compartió una foto de una pancarta que le da la bienvenida, acompañada por un texto donde parece anunciar un posible lanzamiento político:
Roxana Reyes, diputada de la oposición por Unión Ciudadana en la provincia de Santa Cruz, criticó duramente este hecho: "Esto habla de nuestra justicia, una justicia que después de pasados tantos años no termina y no concluye causas que están pendientes".
Añadió también su preocupación sobre el hecho de que Báez y sus próximas generaciones podrían usufructuar los bienes obtenidos mediante corrupción.
La diputada también cuestionó las condiciones privilegiadas bajo las cuales Báez cumple su condena: "Hoy, un preso VIP en bienes suntuosos, en Calafate, con todo el lujo que te puedas imaginar". Además señaló los delitos comprobados por los cuales Báez está condenado: corrupción, malversación y saqueo.
Reyes destacó la necesidad urgente de una justicia efectiva para superar este tiempo marcado por el saqueo y la corrupción. Expresó su deseo firme para evitar cualquier posibilidad futura para Báez o personas en situaciones similares a ocupar cargos públicos sin haber cumplido sus condenas.
Finalmente, la diputada apuntó que el tribunal que otorgó la prisión domiciliaria a Báez debería estar tomando nota de estos hechos y revisar las condiciones de su detención. "Sabemos que existen delincuentes que reivindican desde su prisión los delitos que han cometido y este sería un caso más," concluyó.
La Ruta del Dinero K
El empresario Lázaro Báez, condenado a 12 años de prisión en 2021 por lavado de dinero en el caso conocido como la "Ruta del Dinero K", obtuvo el beneficio para cumplir la condena en El Calafate luego de haber estado en una casa en el conurbano bonaerense.
La causa investigó la salida y reingreso al país de aproximadamente 55 millones de dólares de origen ilícito, vinculados principalmente con la obra pública en Santa Cruz y otros delitos económicos.
El fallo determinó que Báez y sus colaboradores utilizaron una compleja red de sociedades pantalla y cuentas bancarias en el extranjero para blanquear el dinero.
Austral Construcciones, su empresa insignia, jugó un papel central en estas maniobras, siendo utilizada para la compra de bonos y otros activos que permitieron reintegrar los fondos al sistema financiero argentino con apariencia de legalidad.
Además de la condena de prisión, Báez fue multado con 480 millones de dólares y se ordenó el decomiso de más de 61 millones de dólares, así como otros activos.
Estas acciones y sentencias han tenido un impacto significativo en los juicios relacionados con Cristina Kirchner, quien también enfrenta acusaciones de favorecer a Báez con contratos de obra pública durante su mandato.