A través de un decreto de necesidad de urgencia que se publicaría este lunes, el Gobierno de Javier Milei declarará emergencia energética y dispondrá la intervención de los entes reguladores de electricidad y gas.
La medida afectará a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural.
A partir de este decreto, la Secretaría de Energía establecerá mecanismos para la "sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías".
Por otro lado, la emergencia determinará una revisión tarifaria, establecida por el artículo 43 de la Ley N° 24.065 y al artículo 42 de la Ley N° 24.076. Además establece que los cuadros tarifarios entrantes no podrán exceder el 31 de diciembre del 2024.
Mientras dure este proceso, podrán aprobarse "adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos". Según señalaron, buscarán asegurar la continuidad y normal prestación de los servicios, según disponga el resultado de la revisión de tarifas.
Uno de los puntos fundamentales que señala el DNU es la intervención del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a partir del 1 de enero de 2024 hasta la designación de los integrantes del Directorio, que serán elegidos según lo previsto por el artículo 8 del mismo decreto.
El decreto determina la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria, la que se llevará a cabo contemplando las previsiones del "Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional" aprobado por el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 y sus modificatorios o bien el régimen propio de participación que el Ente Regulador disponga conforme a su normativa vigente.
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