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El Gobierno afina su “motosierra 2.0” y prepara una ola de decretos para achicar el Estado

Tras el impacto político del levantamiento del cepo, la Casa Rosada busca capitalizar su momento de mayor control de agenda en meses. Mientras posterga anuncios para no diluir su victoria, avanza en secreto con un paquete de reformas que incluye la disolución de organismos estatales, desregulaciones estructurales y un decreto marítimo que ya genera polémica

Redacción
17/04/2025 16:25
Si bien el miércoles estaba previsto un anuncio de alto impacto en esa línea, la decisión fue postergarlo

Luego del fuerte impacto que provocó la salida del cepo cambiario, el Gobierno de Javier Milei optó por una estrategia de silencio: sin anuncios durante la última semana, dejó que la noticia se impusiera en la conversación pública sin interferencias. La lectura dentro del Ejecutivo es clara: se trata del mayor triunfo político del año, y es fundamental sostener ese capital simbólico en un momento en el que el oficialismo volvió a marcar el pulso del debate político.

La “motosierra normativa” no se agota allí. También está en carpeta un paquete de 40 desregulaciones

Con la escena bajo control, la Casa Rosada alista ahora una batería de medidas para profundizar su narrativa reformista. El próximo capítulo será la implementación de lo que internamente llaman la “motosierra 2.0”, una nueva etapa de recortes y reestructuraciones del Estado liderada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Si bien el miércoles estaba previsto un anuncio de alto impacto en esa línea, la decisión fue postergarlo. La razón: dar tiempo a ajustes técnicos y evitar el desgaste de exponer una medida compleja en medio de la euforia poscepo. El núcleo de ese paquete de reformas es un conjunto de decretos que permitirían eliminar 24 organismos estatales, fusionar más de 15 y transformar al menos 16 dependencias, muchas de ellas vinculadas a áreas como Cultura, Capital Humano, Salud y Economía.

Sin embargo, el Ejecutivo abandonó la idea de emitir un único Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El riesgo legal de una judicialización masiva llevó a optar por un camino más quirúrgico: se emitirá un decreto por cada ministerio o área significativa. “Con un solo DNU, un juez puede frenar todo el paquete. Así es más seguro y más efectivo para sostener la agenda”, explicaron desde el entorno presidencial.

Los cambios están amparados en el artículo 3 de la Ley Bases, que autoriza al Ejecutivo a reorganizar estructuras, fusionar o eliminar organismos considerados innecesarios, siempre que no se superen los 30 entes disueltos. Pero el tiempo apremia: las facultades delegadas vencen en menos de tres meses, por lo que Sturzenegger acelera la firma de decretos que estuvieron en preparación durante casi medio año.

La “motosierra normativa” no se agota allí. También está en carpeta un paquete de 40 desregulaciones, muchas inspiradas en el llamado “proyecto de ley Hojarasca”, que prevé la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas. Aunque ese proyecto no logró avanzar en el Congreso en 2024, el oficialismo no descarta implementar buena parte por vía administrativa, ante la dificultad de articular mayorías legislativas en un año electoral.

A la par, una decisión inminente promete abrir un frente inesperado: el Gobierno está por firmar un decreto que habilitará a buques extranjeros a operar en el cabotaje nacional, eliminando la exclusividad que tenía la Marina Mercante argentina. Además, permitirá contratar tripulación de cualquier nacionalidad, siempre que cumpla con las habilitaciones internacionales.

Coordinada por Sturzenegger y el titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor, la medida apunta a dinamizar el comercio marítimo y desarmar lo que el Gobierno considera “trabas corporativas”. A la vez, abre la puerta a que los armadores dejen la bandera argentina sin penalizaciones, registrando sus embarcaciones bajo otras banderas sin que eso sea calificado como exportación.

El sector ya encendió las alertas. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la normativa podría provocar la pérdida de al menos 3.000 empleos directos, además de reducir drásticamente la presencia de flota nacional en aguas argentinas. Detractores de la medida denuncian que se está privatizando un área estratégica sin debate público.

Mientras tanto, en Balcarce 50 la hoja de ruta parece clara: capitalizar el envión del cepo para avanzar con una agenda reformista antes del parate legislativo por la campaña electoral. Con las urnas en el horizonte y el termómetro social en constante tensión, la gestión Milei se prepara para un segundo semestre que podría definir su legado económico y político.

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