El primero en exponer será el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, quien explicará los alcances y objetivos de la iniciativa. Luego, a las 10.30 lo harán los ex ministros de máximo tribunal, Aída Kemelmajer de Carlucci y Alejandro Pérez Hualde, y el ex gobernador peronista, Arturo Lafalla que propone una “mayoría especial” para los fallos plenarios. Finalmente, a las 15 expondrá José Valerio, el primero de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que dará su opinión.
El proyecto de Suarez
El Gobernador Rodolfo Suarez envió a la Legislatura un proyecto de ley para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y, de esta manera, otorgarle instrumentos al alto tribunal para que pueda desempeñar con mayor celeridad, transparencia y eficacia el servicio de Justicia que los ciudadanos merecen y reclaman. De esta manera, el mandatario avanza con las modificaciones del sistema judicial comenzadas por su antecesor Alfredo Cornejo, para adaptar el funcionamiento de la Justicia a la realidad que se vive en la provincia.
Desde 2016, el Poder Judicial desarrolla una serie de reformas en su funcionamiento que son vistas por otras provincias como un ejemplo. Es el caso de Salta, desde donde funcionarios judiciales vinieron a Mendoza con el objetivo de observar varias iniciativas que ya están en marcha para adaptarlas y replicarlas en su jurisdicción, como son la oralidad en los procesos, los juicios por jurado y la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales, entre otros temas.
A estas modificaciones, Suarez le suma una más: “Resulta conveniente, luego de varios años de aplicación de este modelo, que ha acreditado su éxito, avanzar en la reforma del último estrato en la organización del Poder Judicial, es decir en la organización, gestión y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia”. Esto se logrará mediante la modificación de la Ley 4969, la cual rige desde 1984.
“De esta forma, que todos los miembros del alto tribunal, incluido el presidente, que hoy no cumple función jurisdiccional, entiendan en las causas de todos los fueros, sumando a la equitativa distribución del trabajo, mayor celeridad en las resoluciones y un juez siempre presente para intervenir en la resolución de las causas y dándole a todo el procedimiento mayor transparencia”, sostiene el Ejecutivo en los argumentos del proyecto.
Una cuestión de organización
Para esto, Suarez propone que el alto organismo de Justicia se organice y funcione como un tribunal colegiado o colegio de jueces en relación con todos los casos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia. Esto es pasar de lo que hoy está vigente: la Sala I (Civil y Comercial) y Sala II (Penal y Laboral) a flexibilizar esta estructura burocrática y rígida y que las causas sean asignadas por sorteo a distintos miembros de la Corte, como también las causas de competencia originadas de la Suprema Corte de Justicia. A esto se suma que, si uno de los ministros no puede participar en un determinado proceso, la iniciativa contempla que se realice inmediatamente un nuevo sorteo, a fin de no suspender el acto jurisdiccional.
De esta manera, más allá de sus responsabilidades administrativas, se busca que los magistrados tengan similar función y carga de trabajo. Esto responde a las estadísticas que se desprenden del relevamiento realizado sobre las causas ingresadas desde 2018 a junio de 2022.
Allí se observa que 75% de las causas que ingresan anualmente al tribunal están destinados a la Sala II, es decir, a solo tres de sus integrantes, lo que implica un gran desequilibrio en el funcionamiento y el trabajo.
“En la actualidad, cada una de las salas jurisdiccionales la integran tres jueces, y el presidente de la Corte permanece eximido de funciones en ellas, salvo los casos excepcionales de subrogancia y plenos y que hoy propongo revisar, toda vez que la asignación de materias por sala ha generado una desproporción de trabajo que ha afectado el correcto y esperado funcionamiento del cuerpo e incluso ha llevado a un uso cuestionado del sistema de asignación de causas originarias”, sostiene Suarez en el escrito enviado a la Legislatura.
Con respecto de las causas donde esté interesado un derecho colectivo o se plantee la inconstitucionalidad de la ley, el proyecto contempla para estos casos a todos los miembros del tribunal para que sea la Corte en pleno la que decida por la referencia de estos casos.
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