La política mendocina vivió un verdadero sacudón en mayo pasado, cuando se hizo público un millonario subsidio del Gobierno provincial para la fundación liderada por el pastor evangélico y exsenador aliado de Cambia Mendoza, Héctor Bonarrico. La polémica surgió luego de declaraciones radiales donde el pastor dio a entender que era un dinero que se le ofrecía como parte de un “acuerdo electoral”. Cinco meses después, la Justicia entendió que hubo “inexistencia de delito”.
El decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suarez otorgaba un subsidio de, al menos, 18 millones de pesos a la Fundación Acción Social. Una vez que salió publicado el decreto en el Boletín Oficial, Bonarrico habló en Mdz Radio y generó la furia de la Casa de Gobierno.
El PJ provincial salió con toda su fuerza a denunciar el hecho y el gobernador Suarez, por su parte, dio la orden de anular el decreto.
Tras el escándalo de lo que se denominó “Bonarricogate”, se investigaron dos denuncias. Una, del PJ al Ejecutivo provincial, a cargo del fiscal Flavio D’Amore, por averiguación de delito, acusando que hubo un “acuerdo político” ilegal. La segunda denuncia fue del Gobierno contra Bonarrico, que investigó la fiscal Susana Muscianisi, por "tentativa de fraude a la administración pública".
Finalmente, tras 4 meses de investigación, en los dos casos se archivó la denuncia. El argumento principal es que nunca llegó a concretarse el pago anunciado en el decreto que luego fuera anulado.
La rabia opositora
Por supuesto, esta decisión de la Justicia provincial no cayó nada bien en los partidos opositores que llevaron adelante el reclamo. El senador Lucas Ilardo, uno de los referentes del PJ-FpV, demostró su indignación en las redes.
Una actitud similar tomó Mercedes Llano, del PD, quien supo ser aliada del oficialismo en la gestión anterior.
Fuente: Unidiversidad