La implementación de un examen de idoneidad para 40.000 empleados estatales de la Administración Pública Nacional ha abierto una nueva grieta entre el Gobierno de Javier Milei y los sindicatos. El anuncio, hecho este jueves por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, desató una ola de críticas, especialmente desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, fue el primero en reaccionar en contra de la medida.
Aguiar cuestionó el anuncio de manera enfática a través de su cuenta en la red social X, donde arremetió contra Adorni: “¿Después de 5, 10, 15 y hasta 20 años de trabajo les quieren tomar examen?”. En su mensaje, el líder sindical dejó claro su descontento y sugirió que quienes debían someterse a una evaluación eran los propios miembros de la Vocería presidencial. “Si a vos @madorni o a tus cientos de trolls les hubieran tomado examen, nunca hubiesen ingresado a parasitar al Estado!”, sentenció, cerrando su mensaje con un tajante "Fin.", aludiendo al estilo que popularizó Adorni en redes sociales antes de sumarse al equipo de Milei.
El examen y su impacto en la planta transitoria
El examen de idoneidad será obligatorio para aquellos empleados que estén en situación de planta transitoria o bajo contrato en la administración pública, y según el vocero de Milei, tiene como objetivo "racionalizar" el aparato estatal. La evaluación se llevará a cabo de manera online, una modalidad que, según Adorni, garantizará la objetividad del proceso.
El examen está previsto para diciembre, coincidiendo con el vencimiento de varios contratos temporales. Adorni adelantó que solo se renovarán aquellos contratos cuyos titulares aprueben la prueba. Además, informó que las personas con discapacidad no participarán en la primera instancia del examen, debido a la necesidad de adaptar los sistemas.
Los criterios de evaluación aún no han sido definidos en su totalidad, pero especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) serán los encargados de diseñar las pruebas. Se estima que se realizarán alrededor de 2.000 exámenes por día, y todos los nuevos empleados que ingresen a partir de enero de 2025 también deberán someterse a este proceso de selección.
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Una medida en línea con la racionalización del Estado
El examen forma parte de un paquete de reformas que el Gobierno de Javier Milei implementa para modernizar y racionalizar el empleo público. En agosto, el decreto 695/2024 estableció varias modificaciones en el sistema, entre ellas la creación de la “Evaluación General de conocimientos y competencias”, bajo la cual se identificará a los postulantes únicamente tras haber sido calificados, garantizando el anonimato durante el proceso.
Adorni señaló que la medida es un paso fundamental hacia la eficiencia y transparencia en la gestión del Estado, y que las designaciones deberán cumplir con estrictos requisitos éticos, incluyendo consultas a la Oficina Anticorrupción y la presentación de declaraciones juradas patrimoniales en determinados casos.