El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, Dalmiro Garay, suscribieron un acuerdo de cooperación destinado a disponer de trabajos comunitarios a personas imputadas por la justicia que estén domiciliadas en la capital. Fue este jueves en el Salón de Acuerdos del Palacio de Justicia de Mendoza, con la presencia de los jueces José Valerio, Omar Palermo, Teresa Day y el procurador Alejandro Gullé.
Allí, el jefe comunal y el presidente firmaron el Convenio Específico de Colaboración, que tiene por objetivo la realización de tareas comunitarias que se impongan a personas imputadas en el marco de procesos penales en los casos que se apliquen suspensión de juicio a prueba, resarciendo a la comunidad a través de servicios fuera de sus horarios habituales de trabajo. Además, supone que esta actividad no será remunerada ni retribuida.
En ese sentido, Ulpiano Suarez explicó: «Esta es una iniciativa muy importante de articulación entre gobierno local y la justicia para hacer efectivas las tareas comunitarias en la Ciudad. Se trata de colaborar para la reinserción de estas personas que están sujetas a estos procesos penales y en la restitución de esas tareas a la sociedad, trabajando para que esas conductas no se reiteren».
Continuó: «Este objetivo conjunto va a permitir que los vecinos de la capital que estén sujetos a un proceso penal puedan cumplir en la Ciudad con esas tareas comunitarias. Es importante aclarar que no son trabajos remunerados ni van a reemplazar a aquellos que realiza un agente municipal, pero sí, que son labores para la inclusión, que está en el ADN municipal. Velamos por la seguridad y el cumplimiento de estas tareas y por la protección psicosocial de las personas, por lo que se dará cobertura de accidentes personales a quienes realicen estos trabajos».
En la misma línea, Dalmiro Garay agregó: «Esta es una buena muestra de colaboración institucional. Muchas veces los jueces con el Ministerio Público Fiscal no tenían a dónde hacer cumplir el trabajo comunitario. Pero, a partir de ahora, la Municipalidad va a ser ese ente público donde la persona que está condenada va a cumplir con la tarea que no es ni más ni menos que la disposición de la pena para devolver a la sociedad por el daño que ha causado».
Y sumó: «El año pasado, entre 400 y 500 personas de la Ciudad tuvieron condenas vinculadas a esta modalidad de cumplimiento y más de 2500 personas en toda la provincia. Vamos a invitar a todas las municipalidades de Mendoza a que se sumen a la iniciativa».
El convenio ya está vigente, por lo que, cuando la Corte informe, las personas imputadas podrán comenzar a realizar los trabajos.
«Las tareas que asignaremos serán variadas y se definirán con las secretarías de la Ciudad, pero estimo que estarán relacionadas con el mantenimiento y cuidado del espacio público, tareas sociales, tareas en espacios deportivos que buscan reinsertar y reparar el daño que se causó», finalizó Ulpiano Suarez.
Sobre el acuerdo
Específicamente, lo acordado establece: la asistencia y colaboración entre las instituciones a los efectos de desarrollar actividades y proyectos conjuntos tendientes a la gestión de trabajos comunitarios; la obligación de la persona sancionada a realizar una tarea ejemplificadora y restitutiva a la sociedad; la no remuneración o retribución a la persona que realice el trabajo comunitario; la armonización con las actividades laborales del imputado/a y la prestación de un seguro de accidentes.
Además, decreta la obligación de la corte a informar a la Municipalidad los datos personales de la persona obligada y su disponibilidad; la inaplicación en personas vinculadas a sentencias firmes y/o procesos en trámite por delitos contra la integridad sexual, por violencia de género y/o con armas y la información del municipio a la Corte sobre la cantidad de horas trabajadas por la persona.