La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza tomó una postura firme ante un grave caso de usurpación y venta ilegal de terrenos en las inmediaciones del Cerro de la Gloria. La comuna, encabezada por Ulpiano Suarez, se presentó formalmente como querellante en la causa (autos Nº P-28148/25), iniciada tras una investigación que comenzó en 2020 y que sigue avanzando en la Justicia.
Un intento de ocupación detectado en flagrancia
El caso se originó cuando personal municipal detectó movimientos sospechosos en un terreno perteneciente al erario público. Se observó que personas desconocidas estaban realizando preparativos para ocupar la zona, colocando estructuras y llevando a cabo diversas tareas que evidenciaban una posible usurpación.
Ante esta situación, la Policía se hizo presente en el lugar, donde los ocupantes alegaron haber comprado los terrenos. Sin embargo, la Municipalidad sostiene en su presentación judicial que estas transacciones son fraudulentas, ya que carecen de cualquier respaldo legal y no tienen validez jurídica.
El rol de Julio Cortez en la ocupación
En la denuncia presentada, se identifica a Julio Cortez como la persona que encabezaba las obras y se atribuía la propiedad de los terrenos. Según el escrito legal, Cortez sería el principal responsable de la ocupación y de la presunta venta ilegal de estas tierras.
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Intervención del Ministerio Público Fiscal
Ante la gravedad de los hechos, la Municipalidad solicitó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que se ordene el cese inmediato de estas actividades ilícitas. Desde la comuna argumentan que estas maniobras representan un perjuicio económico considerable y afectan directamente la calidad de vida de los vecinos de la zona, especialmente en sectores más vulnerables.
Un problema en aumento
El caso pone en evidencia un problema recurrente en distintas regiones del país: la usurpación y venta fraudulenta de terrenos públicos. La Municipalidad de Mendoza busca sentar un precedente con esta acción judicial, dejando en claro que tomará medidas drásticas contra cualquier intento de apropiación ilegal de tierras.
El avance de la causa determinará las responsabilidades y posibles sanciones para los involucrados, mientras las autoridades insisten en la importancia de denunciar este tipo de maniobras fraudulentas para proteger el patrimonio público y garantizar la seguridad jurídica en la ciudad.