Tras la condena e inhabilitación a un docente suplente por abuso sexual, este martes, el Senado avanzó en el tratamiento del proyecto de ley que busca implementar un sistema de ficha limpia en el ámbito educativo.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo busca la protección de estudiantes en las escuelas públicas y privadas mediante la prohibición del ingreso o permanencia de personas con antecedentes penales relacionados con delitos graves.
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El proyecto, presentado por el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, propone incorporar al Estatuto del Docente, al Estatuto del Celador y al reglamento del personal administrativo requisitos específicos que aseguren que ningún profesional con condenas por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad pueda acceder a cargos en el sistema educativo.
La propuesta no solo contempla la creación de un registro público de antecedentes penales, sino que también introduce modificaciones en los procedimientos de selección para garantizar que cada candidato sea evaluado rigurosamente antes de ingresar al sistema educativo.
La propuesta incluye medidas específicas para las escuelas privadas, obligándolas a adherirse a estas normativas, y establece sanciones más severas para quienes incurran en este tipo de delitos, como la inhabilitación permanente.
La jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Daniela García, explicó que el proyecto tiene como antecedente la Ley de Educación Nacional 26.206, que invita a las provincias a adoptar medidas para garantizar la seguridad e integridad de Niñas, Niños y Adolescentes. También mencionó que la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes refuerza esta necesidad, estableciendo el derecho de los menores a un entorno seguro en el ámbito educativo.
En el marco del proyecto, se introduce un registro único de sumarios, sanciones e inhabilitaciones. Este registro será utilizado como herramienta de consulta obligatoria para los concursos de cargos en instituciones educativas, particularmente en los casos de suplencias que, según el Ministro, son los que históricamente han presentado mayores inconvenientes.
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Además, el proyecto estipula que para ingresar al sistema educativo será indispensable presentar un certificado de antecedentes penales. Esto incluye a docentes, celadores y personal administrativo, asegurando que quienes accedan a estos cargos no posean antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad.