Durante su exposición en el Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió a más de 4.000 preguntas formuladas por legisladores. Entre las respuestas más relevantes, se destacaron aquellas referidas al estado de las rutas nacionales en Mendoza, donde la situación de deterioro vial quedó en evidencia con datos oficiales.
En total, la provincia cuenta con poco más de 1.800 kilómetros de rutas bajo jurisdicción nacional. De ese total, el 22,7% —unos 415 kilómetros— está en “mal estado”, mientras que un 30% se clasifica como “regular” y solo el 47,3% está en condiciones “buenas”. Estas cifras no incluyen tramos de doble calzada.
Uno de los sectores más críticos es el de la Ruta Nacional 7, que conecta con Chile a través del Paso Cristo Redentor. Según un relevamiento de 2024, se registraron 310 baches importantes a lo largo del tramo entre el Arco Desaguadero y la frontera: 188 en dirección oeste y 122 hacia el este. Además, se identificaron deficiencias en 25 puentes, que presentan problemas en el pavimento, barandas, señalización y circulación peatonal.
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Francos calificó como “particularmente preocupante” el deterioro de un tramo de 34 kilómetros de hormigón, especialmente a la altura del kilómetro 1205, en la zona de Las Cuevas, cerca del límite internacional. No obstante, relativizó la responsabilidad del estado de la ruta en los accidentes registrados en la zona.
“Más del 90% de los siniestros viales que ocurren en este corredor son atribuibles a fallas humanas como exceso de velocidad, maniobras imprudentes en curvas o zonas de doble línea amarilla, y desconocimiento de la conducción en áreas de montaña”, afirmó Francos. El informe presentado cita datos de pericias oficiales para respaldar esa conclusión.
En el tramo que va desde Agrelo hasta Las Cuevas, se registraron 487 accidentes en los últimos siete años:
- 135 entre Agrelo y Potrerillos
- 155 entre Potrerillos y Uspallata
- 197 desde Uspallata hasta Las Cuevas
Mientras el debate sobre la seguridad vial se vuelve cada vez más visible, el Gobierno nacional avanza con una estrategia paralela: la privatización de los corredores viales. En ese marco, se confirmó la intervención de la empresa estatal Corredores Viales S.A., y el comienzo de los estudios técnicos necesarios para concesionar nuevamente algunos tramos.
Uno de ellos es el sector de la Ruta 7 que va desde el límite con San Luis hasta Palmira (132 kilómetros), actualmente bajo control estatal. La intención es incluir también el tramo que conecta desde el Acceso Sur hasta el Paso a Chile.
La empresa Ceosa ya inició un relevamiento técnico, que incluye estudios de deflectometría, una técnica que permite conocer el grado de deformación del pavimento bajo tránsito pesado. Estos informes serán fundamentales para avanzar con el plan oficial del Gobierno, conocido como “Red Federal de Concesiones”, que prevé la privatización de rutas bajo el sistema de obra pública financiada por peajes.
De esta forma, el Ejecutivo apuesta a recuperar el estado de la infraestructura vial nacional a través de la participación privada, mientras se mantiene firme en la postura de que el mayor problema de seguridad vial en las rutas mendocinas no es el asfalto, sino la conducta de quienes lo transitan.