Una mina de yeso ubicada en San Rafael fue clausurada por la Autoridad Ambiental Minera luego de detectar reiteradas infracciones a las normativas de seguridad y protección ambiental. La empresa deberá responsable de pagar una multa de $16 millones tras incumplir con los plazos otorgados para corregir las irregularidades.
El director de Minería, Jerónimo Shantal, encabezó la inspección en la cantera Don Marcelo junto con efectivos de la Policía Ambiental Minera y el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández. Tras constatar actividad reciente en el yacimiento, a pesar de la falta de permisos vigentes, se procedió a su cierre inmediato.
"Durante la inspección detectamos maquinaria pesada y evidencias de extracciones recientes, aunque no encontramos operarios en el momento de la intervención. Esto confirma que la actividad minera se llevaba a cabo sin las autorizaciones correspondientes", detalló Shantal.
Por su parte, Fernández informó: "Se colocaron fajas de clausura en distintos sectores de la mina y se notificó formalmente a la empresa sobre la sanción impuesta. La multa asciende a $6 millones y, además, se exigió la presentación de un plan de remediación del área afectada".
Plan de remediación y sanciones
La clausura se fundamenta en un historial de inspecciones que habían identificado múltiples irregularidades en la explotación. A lo largo de varias visitas, se detectan infracciones como:
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Falta de habilitación ambiental.
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Ausencia de señalización de seguridad en la zona de trabajo.
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Carencia de suministro de agua potable y equipos adecuados para la conservación de alimentos.
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Almacenamiento de explosivos sin polvorín autorizado ni personal capacitado.
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Depósito inadecuado de combustibles, con derrames sin sistemas de contención.
A pesar de haber sido notificada en repetidas ocasiones y contar con prórrogas para corregir estas fallas, la empresa no cumplió con los requerimientos establecidos.
Tras constatar la falta de avances en la regularización, la Autoridad Minera determinará la clausura definitiva y la aplicación de la sanción económica. Además, se otorgó un plazo de 30 días hábiles para que la compañía inicie las tareas de remediación del área intervenida.
Con esta medida, el Ministerio de Energía y Ambiente refuerza su compromiso con la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y explotación minera.