El sondeo sobre la Justicia elaborado por la consultora Demokratía que se publicó el viernes pasado, dio cuenta de que más del 56% de los habitantes del Gran Mendoza está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad de los menores, a 13 años.
Es sin dudas una respuesta ante la sensación de inseguridad social que hoy vive la población, sobre todo a manos de personas que delinquen y que de acuerdo con las actuales leyes, no pueden ser detenidos en prisión.
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Pero sin embargo, el mismo estudio social indica que esas mismas personas no se sienten capaces de impartir justicia, si les tocase integrar eventualmente un tribunal para juzgar y mandar a la cárcel a un culpable o declararlo inocente, si así debiera actuar.
De hecho, el informe señala que el 52,77% responde negativamente a alguna alternativa que implique participar en un jurado. Un 33,48% se muestra incapaz (“nada preparado”), mientras que un 19,29% directamente dice que no quiere ser parte del jurado.
Desde el otro lado de las opciones, apenas el 17,47% se siente “suficientemente capacitado” para juzgar, lo que reduce notablemente la predisposición social para participar en esta instancia de “democratización” de la Justicia, tal como se argumentó oportunamente cuando se crearon los “juicios por jurados populares”, hace ya seis años (octubre de 2018).
Es que entre los consultados, si bien hay un 29,35% al que le gustaría comprometerse con esa carga, reconoce que “necesitaría capacitarse mejor”, lo que también demuestra la inseguridad que la población tiene para impartir justicia desde su “sentido común” y sin haberse preparado académicamente para esa tarea.
En la actualidad, y de acuerdo con el artículo 5° de la Ley provincial 91.106 de juicios por jurados, cualquier argentino nativo o por opción que haya residido al menos dos años en la provincia, puede integrar un jurado. No hace falta que sea abogado. De hecho, el inciso “e” de ese mismo artículo lo prohíbe expresamente, aunque está claro que cualquiera puede haber estudiado leyes en algún momento de su vida o de su preparación académica.
Si alguien sale sorteado para ser jurado, su tarea es considerada una “carga pública”, lo que significa que tiene la obligación de estar en ese tribunal, salvo que esté enmarcado en alguna de las excepciones que la misma Ley expone.
La paradoja de pedir más juicios por jurado
Actualmente, los jurados “populares” suelen intervenir en casos de delitos de homicidio agravado (previstos en el art. 80 del Código Penal de la Nación) “y los que se investiguen conjuntamente a éste (artículos 54 y 55 de ese mismo Código), siempre que deban ser juzgados simultáneamente”, tal como explican en el Poder Judicial mendocino.
Hay otras incorporaciones a esa figura legal, pero lo cierto es que todavía no existen juicios por jurado para todos los casos donde haya muerte de personas.
Demokratía entonces avanzó en su consulta sobre esa instancia y le preguntó a la población si estaría de acuerdo en que haya jurados populares “en todos los casos en que haya fallecidos” tras un hecho delictivo.
También aquí es llamativa la respuesta de la mayoría de los consultados, ya que paradójicamente, y ante aquella incapacidad manifiesta de integrar esos tribunales, la respuesta resultó favorable, dado que el 65,13% de los encuestados se mostró a favor (casi un 13% dijo estar “muy de acuerdo” y más del 52%, “algo de acuerdo”).