La jornada del viernes comenzó con tensión en la metalmecánica mendocina IMPSA, donde empleados se apostaron en el ingreso de la planta desde las 6 de la mañana. La protesta surgió ante la falta de pago del 50% de los salarios de noviembre. El reclamo, liderado por delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Supervisores (ASIMRA), se extendió durante horas hasta que cerca del mediodía la empresa confirmó que había saldado la deuda salarial.
El conflicto se enmarca en una delicada situación financiera que atraviesa la empresa, con deudas acumuladas y un proceso de privatización en curso. Los trabajadores, además del pago del sueldo adeudado, exigían definiciones sobre el medio aguinaldo y las actualizaciones de paritarias pendientes desde abril.
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Protesta en medio de tensiones laborales
El malestar de los trabajadores ya había quedado en evidencia a comienzos de semana con un paro general, que llevó a la Subsecretaría de Trabajo a dictar conciliación obligatoria. Pese a esta medida, más de 70 empleados retomaron el reclamo frente a la planta ubicada sobre el carril Rodríguez Peña.
"No ingresamos porque nos deben la mitad del sueldo, y también pedimos un cronograma para saber cuándo nos pagarán el aguinaldo y las actualizaciones que arrastramos desde abril", explicó Mario Reveri, delegado de la UOM.
Tras varias horas de protesta, pasadas las 11 de la mañana llegó la confirmación: la empresa había completado el pago de los haberes adeudados. Esto desactivó la medida, aunque las demandas de fondo persisten.
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Privatización y deudas millonarias
IMPSA enfrenta un complejo proceso de venta, impulsado por los gobiernos nacional y provincial, que controlan el 84% de sus acciones. La firma estadounidense ARC Energy es la única oferente interesada en adquirir la compañía, con una propuesta de 27 millones de dólares. Sin embargo, el principal escollo sigue siendo el pasivo de más de 550 millones de dólares que la empresa arrastra, lo que ha ralentizado las negociaciones con los acreedores.
El gobernador Alfredo Cornejo advirtió que la quiebra sigue siendo una posibilidad si no prospera la privatización. Este escenario no solo afectaría a los 750 empleados directos, sino también a un centenar de pymes que dependen de los contratos con IMPSA.