La iniciativa dispone que “estos deudores, no están obligados a la realización de ningún trámite administrativo ante el Poder Ejecutivo o Judicial mientras el primero lleva adelante las labores que le encomendara la Ley N° 8.182, ni la ausencia de ellos tomada como abuso o dilación mientras se sustancien las causas. La presente disposición, es de orden público y de cumplimiento obligatorio respecto a los deudores hipotecarios comprendidos en la Ley N° 8.182”.
Cabe recordar que el artículo 2° de la Ley 8182, hace referencia a deudores hipotecarios inscriptos en el Registro elaborado por el Poder Ejecutivo, el Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar y la Comisión de Seguimiento de Deudores Hipotecarios, el cual abarca a los deudores de los ex Bancos de Mendoza y de Previsión Social cuyos mutuos se hallen en poder de Seguro de Depósito S.A. (SEDESA), y a todos los deudores del sistema financiero y/o privados, que se encuentren comprendidos en el mismo.
De acuerdo a la fundamentación del proyecto, “luego de la crisis de 2001, quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar, se vieron imposibilitados de hacer frente a las obligaciones asumidas y por ello se genera un conflicto que promueve la preocupación legislativa, motivo por el cual se promulgaron numerosas normas para la protección de derechos”.
Por tal motivo, en Mendoza se sancionaron las leyes 8005 y 8182, “que establecieron métodos de acción y prioridad para la salvaguarda de aquellos deudores hipotecarios que, superados por razones económicas y el devenir de los juicios tuvieron la oportunidad de ser alcanzados con la protección debida”, subraya el texto.
Sol Salinas (Unión PRO) justificó la iniciativa al indicar que se plantea una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2025, de la ejecución de sentencias que recaiga sobre las deudas hipotecarias, cuyos titulares estén comprendidos por el artículo 2° de la Ley N° 8.182.
Explicó la legisladora que “en el año 2001, frente a la crisis económica que estaba atravesando el país, muchos argentinos, titulares de créditos hipotecarios, se vieron obviamente perjudicados. En el contexto macroeconómico hiperinflacionario, las cuotas aumentaron hasta cinco veces más”. Sobre este punto, indicó que “por eso en Mendoza, bajo las leyes 8.005 y 8.182, se establecieron diferentes mecanismos para ayudar a estos titulares, estos créditos hipotecarios, para que no se les ejecutara su vivienda única”.