Janina Ortiz (LAUM), actual secretaria de Gobierno de Las Heras y compañera del intendente Daniel Orozco, ha sido habilitada para jurar como diputada provincial. La decisión fue tomada por los legisladores de mandato vigente durante la sesión preparatoria, que continuó con la jura de todos los diputados electos.
Sin embargo, la luz verde otorgada a Ortiz no resuelve por completo la controversia que la rodea. Desde el bloque de Cambia Mendoza, se hizo hincapié en que una vez conformada la nueva Cámara de Diputados, será imperativo abordar dos aspectos cruciales: el desafuero y la suspensión de la lasherina.
Este paso estratégico subraya la complejidad de la situación de Ortiz, quien enfrenta causas penales pendientes, incluyendo coacciones y administración fraudulenta. Aunque se le ha permitido jurar, su destino como legisladora provincial permanece en una encrucijada, sujeto a las deliberaciones futuras de la nueva Cámara.
Cambia Mendoza ha destacado la importancia de tratar estos temas de manera expedita, reconociendo que la situación de Ortiz genera interrogantes significativas. La discusión sobre su habilidad moral para asumir el cargo y las acciones legales pendientes se prevé como temas cruciales en los debates futuros de la Cámara de Diputados.
Desde Cambia Mendoza, el diputado Diego Costarelli pidió la palabra y aseguró que su bloque pedirá el desafuero, en base a los informes que envió la Justicia a la Legislatura, solicitando esa decisión legislativa.
La Comisión de Poderes emitió dos dictámenes contrastantes: el de mayoría, respaldado por José Luis Ramón, Laura Balsells Miró y Julio Villafañe, habilita a Ortiz como legisladora; mientras que el de minoría, propuesto por Emanuel Fugazzotto y Guillermo Mosso, sugiere suspender su juramentación hasta resolver su situación judicial.
Todo indica que Ortiz cuenta con el respaldo de la mayoría de los 24 diputados en la sesión preparatoria. No obstante, voces disidentes como la de Fugazzotto argumentan que su asunción podría entorpecer la labor del Poder Judicial.
Evelin Pérez, que se abstuvo en la Comisión de Poderes, expresó su dilema ético ante la situación: "Desde lo jurídico, no había objeciones, pero desde lo ético y lo moral, al menos en lo personal, considero que era objetable".
En cuanto a sus causas penales, Ortiz aclaró que no está imputada en la causa de coacciones, donde se solicitó la nulidad, y en la de administración fraudulenta, donde desconoció firmas, pendiente de peritaje.
La diputada denunció un "ensañamiento por ser mujer" y cuestionó la falta de sororidad de algunas legisladoras. Mientras aguarda la votación, confía en la "Justicia divina" y el respaldo de legisladores y fiscales que se manifestaron a su favor.
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