Desde el miércoles 17 de febrero comenzará un retorno progresivo de todas las actividades de la Universidad. Si bien hay protocolos generales, las facultades e institutos y la Secretaría Académica definirán su propia modalidad de vuelta a clases.
Si bien la pandemia de coronavirus persiste en la provincia, el país y el mundo, tanto en el país como en la provincia de Mendoza, los ámbitos educativos plantean el regreso a la presencialidad en sus aulas. La UNCUYO no es una excepción.
De hecho, esta Universidad ya anunció, tanto a mediados de diciembre como en los últimos días de 2020, que en base a las recomendaciones del Comité Epidemiológico de esta casa de estudios, ya tenía definidos protocolos para regresar a la presencialidad, tanto en los ámbitos de trabajo como en las aulas, en sus distintos niveles.
Días después y a través de la Resolución 2100/20, el rector Daniel Pizzi definió, ad referéndum del Consejo Superior, que el miércoles 17 de febrero sea la fecha para que la UNCUYO comience de manera “parcial, gradual y escalonada”, a ocupar los lugares de trabajo y de clases, según los tiempos del ciclo lectivo 2021.
Efectivamente, esa norma, en su artículo 1°, delega en “Decanos/as de las Unidades Académicas, los/as Directores/as de Institutos (…) y en las diversas Secretarías que funcionan en el Rectorado, “la competencia para planificar, decidir y ejecutar las acciones posibles conducentes para reanudar las actividades presenciales en sus respectivas jurisdicciones, pudiendo determinar -en cada caso- fechas y modalidades”.
Eso se concretará contemplando una presencialidad “limitada” y atendiendo tanto los protocolos de regreso “consensuados por las autoridades sanitarias” nacionales y provinciales, tal como indica el documento que elaboró el Comité Epidemiológico.
Además, las decisiones que se tomen estarán sujetas a la marcha de la pandemia en las diferentes regiones del país.
Entre los puntos que las distintas áreas deberán tener en cuenta se destacan:
- Contar con representantes del Comité Epidemiológico para evaluar decisiones dinámicas sobre el regreso a la actividad.
- Evaluar la forma de traslado de estudiantes, docentes y no docentes para asistir al establecimiento.
- Contemplar la situación habitacional de las personas que asistan al establecimiento.
- Instruir adecuadamente al personal docente y no docente en los protocolos de aplicación para minimizar los riesgos de transmisión. Planificar monitoreos permanentes.
- Tener procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de algún caso de COVID-19 en el establecimiento.
- Considerar y abordar estrategias diferenciales para quienes no puedan asistir al establecimiento de manera presencial.
Por otro lado, siempre contemplando un ámbito de diálogo previo a la toma de decisiones sobre este asunto, quedará abierta la posibilidad de convocar a reuniones paritarias, tanto con el claustro docente como con el del personal de apoyo académico y de servicios. Esas instancias propiciarán nuevas acciones, si se tornan necesarias.
Asimismo, si las condiciones se complican, el Rector podrá dar por finalizada la delegación y promover -como sucedió durante el período de cese de actividades en 2020- acciones que ayuden a prevenir situaciones que pudieran perjudicar la salud de estudiantes, docentes y no docentes.
Para ello, y atendiendo además a lo que suceda tanto a nivel nacional como provincial, deberá contar con el correspondiente informe del Comité Epidemiológico, tal como lo señala también la resolución 2.100/2020.
Fuente: Unidiversidad