El operativo judicial de desarticulación se realizó tras una investigación conjunta entre la Aduana y la Dirección General Impositiva (DGI), informaron fuentes oficiales a este medio. E indicaron que las maniobras consistían en subfacturación de exportaciones y fuga de divisas.
na banda de presuntos delincuentes que se dedicaban a realizar maniobras de evasión fiscal y fuga de divisas fue desbaratada por la Justicia Federal con asiento en Córdoba, tras allanamientos en cuatro provincias, entre ellas Mendoza donde se realizaron 6 allanamiento.
Esta banda estaba integrada por contadores, escribanos, abogados, financistas, operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior.
La denuncia por asociación ilícita fue realizada por la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la Justicia Federal cordobesa que ordenó más de 36 allanamientos en las provincias de Córdoba, Misiones, Mendoza y Buenos Aires.
Por esta razón, ingresaban menos dólares a la Argentina. A su vez, se triangulaban los pagos para dirigirlos a otros destinos, explicaron las fuentes con conocimiento de la investigación.
De esta manera, las operaciones investigadas por la Aduana y la DGI, que encabezan Silvia Traverso y Virginia García, permitieron a la Justicia desarticular una asociación ilícita que evadía y fugaba divisas a través de empresas fantasmas.
Tras la denuncia, la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba impulsó una serie de allanamientos que contó con la asistencia del personal de la Afip y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en distintas provincias.
Durante los procedimientos se detuvieron a tres personas, se secuestraron vehículos, armas, más de 4 millones de pesos, divisas por 32.000 dólares, computadoras, notebooks, discos rígidos y teléfonos celulares.
Las investigaciones arrojaron incongruencias entre los integrantes de la sociedad y las personas que realmente dirigían la firma. Estas, a su vez, poseían vinculaciones con personas físicas y jurídicas con antecedentes de mal comportamiento fiscal y aduanero.
Con toda esta información, la pesquisa continuó en las áreas investigativas de la DGA y de la DGI, y culminó con la denuncia judicial por asociación ilícita, ante la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba a cargo de Enrique Senestrari.
Los 36 allanamientos, de los que participaron 199 funcionarios de la Afip (tanto de la DGA como de la DGI), se hicieron en simultáneo el mismo día. Fueron 15 en Córdoba, 14 en Misiones, seis en Mendoza y uno en Buenos Aires