La Dirección de Género y Diversidad se sumó a la formación on line organizada por la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa Pública.
La Dirección de Género y Diversidad a través de la Coordinación de Diversidad participó con el dictado de un módulo de capacitación sobre Diversidad, dentro de las capacitaciones que se realizan en el marco de la Ley Micaela. Aproximadamente, 140 personas asistieron a la formación que se realizó mediante una plataforma virtual.
De esta manera, la Coordinación de Diversidad se sumó a la formación brindada en el ámbito del Poder Judicial, organizada por la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa Pública.
El objetivo de la instancia de capacitación fue incorporar la perspectiva de las Diversidades sexuales e identidades de género desde un marco de derechos humanos en las prácticas judiciales para contribuir al acceso de la Justicia de ciudadanos y ciudadanas sin distinción de su orientación sexual o identidad de género.
La capacitación estuvo a cargo de la Coordinadora de Diversidad, Fernanda Urquiza junto a las especialistas Emiliana Lilloy y Gabriela Echenique. “Vamos a seguir participando con más módulos referidos a la Diversidad, pero en esta primera instancia fue muy positiva porque sirvió para despejar muchas dudas vinculadas a la temática”, valoró Fernanda Urquiza.
En el curso se profundizó sobre: la perspectiva desde el paradigma heteronormativo al paradigma de la Diversidad Sexual; conceptos generales referidos a la temática, marcos legales y especial abordaje del artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, que versa sobre el Trato Digno en los procesos judiciales, que concibe que deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad.
Ley Micaela
La Ley 27499 conocida como Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en perspectiva de Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
Fue promulgada en 2018 como resultado de la movilización social tras el femicidio de la adolescente militante feminista Micaela García en 2017 y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género.